México inexplicadamente no ha firmado el Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo, que como se sabe, es un organismo especializado de Naciones Unidas en materia laboral.
Viola, por tanto, desde1995, (¡qué casualidad!) su propia Constitución. Nada nuevo bajo el sol. Porque en sentido radicalmente contrario, en 1992 aprobó en el Congreso Federal la Ley Minera, ya saben: por acuerdo unánime de las fracciones del PRI y PAN en ambas cámaras, para entregar 6 millones 600 mil hectáreas a empresas privadas no dueñas del suelo, hasta por 50 años.
Y ocurre que el citado 176 de la OIT es precisamente el Convenio Internacional sobre seguridad y salud en las minas. Como también es ampliamente conocido, Germán Larrea del Grupo México, Alberto Bailleres del Grupo Peñoles, Alonso Ancira del Grupo Gan, son parte integrante de los que mandan a los que mandan en este país.
Así que los ciudadanos de a pie tendremos que seguir viendo con resignación y naturalidad tragedias como la de Pasta de Conchos, o envenenamientos como el del Río Sonora. Porque hay intereses privados en este país, en esta floreciente república del siglo XXI, que nadie puede ni debe pretender tocar.
Como hace poco más de 100 años, en los dorados tiempos de la paz porfiriana cuando la república florecía, con “cuatro quintas partes de los mexicanos” que no tenían acceso ni a la escuela, ni al médico, ni al tren y ni siquiera al dinero, ni a abandonar la hacienda donde nacieron amarrados.
Porque justo en 1892 el glorioso gobierno del llorado General don Porfirio Díaz tuvo a bien expedir la Ley Minera (100 años antes que la prianista) que determinó al más puro estilo jurídico anglosajón, que el dueño del suelo era automáticamente el dueño del subsuelo y de todas sus sustancias.
Abandonando la raíz jurídica de origen hispánico de que el subsuelo es de propiedad y dominio público. Así, para 1910 se habían expedido títulos sobre 442 mil hectáreas. Que ya incluían la extracción de hidrocarburos. No deja de ser una llamativa coincidencia: 1892 Ley Minera porfirista, 1992 Ley Minera prianista (6 millones 600 mil hectáreas).
A la fecha, según datos de la OIT, hay 21 países cuyos Senados (o equivalentes) han ratificado el Convenio sobre seguridad y salud en las minas. Entre ellos: Alemania, Austria, España, Filipinas, Estados Unidos, Irlanda, Noruega, Sudáfrica, Zambia, Eslovaquia, Finlandia, Líbano, Suecia, Polonia.
México no ha firmado, ni menos ratificado el Convenio para la seguridad e higiene de sus mineros. Porfirismo siglo XXI.
Nuestra maltrecha Constitución sigue diciendo todavía: artículo 123, inciso XV: “El patrón estará obligado a observar, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores”.
Justo lo que pasa hoy en el siglo XXI en la minería mexicana. Por eso nuestra autoridad, con rápida decisión política prianista, se apresuró a firmar y ratificar en el Senado de la República el Convenio 176 inmediatamente de haber sido concertado en la esfera internacional en Ginebra 1995, hace 20 años. Siempre pensando en la mayoría de la población que conformamos los trabajadores. (¡Que sueño!).
Porque vean los amables lectores: en el Programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 el punto 25 dice literalmente: “Obligar a los dueños de minas, fabricas, talleres, etc. a mantener las mejores condiciones de higiene en sus propiedades y a guardar los lugares de peligro en un estado que preste seguridad a la vida de los operarios”.
Programa que, por cierto, fue respaldado por el jalisciense Manuel M. Diéguez y el michoacano Francisco J. Múgica.
Algo comparable está ocurriendo en las carreteras federales con graves accidentes y muertes humanas, gracias a los que mandan sobre los que mandan: los mismos que primero interfieren en las elecciones de manera corporativa.
Contra toda lógica de seguridad civil, y contra toda norma y uso internacional, circulan enormes remolques en México, conducidos por agotados choferes (posiblemente drogados por la presión laboral) que mueven transportes de hasta 75 toneladas y media y de hasta 31 metros de longitud en autopistas de paga (con tarifa reducida para los grandes), porque “no hubo información estadística sólida que pudiera señalar qué tipos de accidentes y causas eran por ese peso”, según dice la autoridad que trabaja inocultablemente para ellos; y que primero desmanteló los ferrocarriles nacionales.
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