La soberanía es una condición fundamental para considerarse un estado-nación. Población, territorio y soberanía son los elementos mínimos para que un país sea considerado como tal en el sistema internacional. No obstante, con el paso de las décadas, Las naciones han ido cediendo soberanía a instituciones internacionales económicas, políticas y sociales. Los tratados de libre comercio o los convenios en materia de extradición o justicia transnacional son ejemplos. Entendemos que la cooperación con otras naciones puede llevarnos a mejores resultados. La soberanía rígida e impenetrable de la guerra fría ha dado paso a una soberanía matizada y porosa.
No obstante, para nadie es un secreto que son los países más poderosos los que pueden defender su soberanía con mayor eficacia. Entre más poder militar, económico y político tenga un país, mayor es su capacidad de defender su espacio de autonomía. Y, también, entre más fortaleza institucional tenga para enfrentar desafíos como la seguridad o la economía, más respeto puede exigir a la comunidad internacional. No solamente está el poder duro tradicional, sino también el poder suave aquel que consiste en la construcción de una democracia próspera y anhelada. China e India pueden ser muy poderosos, pero mucha gente prefiere vivir o hacer negocios con Alemania, Francia o Dinamarca, a pesar de las desventajas competitivas.
México puede repetir hasta la saciedad que es un país soberano. Un país que se gobierna a sí mismo y que no admite intervención de terceros. Sin embargo, la vulnerabilidad de México es máxima y va más allá de la retórica. Claudia Sheinbaum puede decir que somos un país capaz de procesar sus conflictos internos, pero la realidad es que no es cierto. El principal flagelo que afecta a los mexicanos es la violencia, las desapariciones, el control del territorio por parte del crimen y la impunidad de todo ello. El cobro de piso, la extorsión y, sobre todo, la protección a los políticos que permiten o han permitido el fortalecimiento ininterrumpido de los cárteles de la droga. No es posible entender que franjas territoriales enteras del país sean controladas por los criminales sin aludir directamente al escudo político.
No me encanta que sea la administración de Donald Trump la que se encargue de procesar las ineptitudes y corrupciones locales. Mis escritos lo dejan en claro: considero que Trump es un racista y también un imperialista. Cree en unos Estados Unidos arios y detesta todo lo que viene de América Latina. Ha buscado manejar a nuestros gobernantes como títeres auténticos, como marionetas de su poder. Con López Obrador lo logró y con Sheinbaum también se ha impuesto. La asimetría de la relación con Estados Unidos provoca también estos resultados. México no puede negociar sus intereses –particularmente los comerciales– sin pasar por la aduana del combate a las drogas, el crimen o la migración. No haber hecho las reformas necesarias, nos deja a merced del imperio.
En este sentido, Trump ha decidido concebir a los cárteles como organizaciones terroristas que hay que aniquilar. Organizaciones que tienen sus bases centrales en Venezuela, Cuba o Ecuador. O México. Las declaraciones del círculo cercano a Trump no dejan lugar a dudas: el vecino del norte considera que existe una poderosa red de protección al narcotráfico en México. ¿Y sabe qué? Tienen razón. Y añado una segunda variable: las instituciones de justicia en México se encuentran tan cooptadas que es imposible esperar justicia de su parte. Ya teníamos un sistema de justicia colapsado, pero la reforma judicial terminó de poner los últimos clavos al ataúd de un sistema judicial confiable y legítimo. La justicia en México es política. Casos como el de Rubén Rocha, con una clara carga política, no pueden ser procesados en territorio nacional.
Colombia es un reflejo. La limpieza de la clase política colombiana vino de la mano de la cooperación con Washington. Es cierto, no eran los Estados Unidos de Trump; eso enrarece muchas cosas. Nuestra fobia al personaje suele opacarlo todo. Empero, es difícil entender la recuperación del estado colombiano sin el Plan Colombia y el acompañamiento americano. Sheinbaum se niega a extraditar a Rocha y a sus secuaces porque sabe que eso supondría un golpe mortal para su partido político. Un golpe político que podría tener consecuencias graves en materia electoral. En la relación bilateral, Sheinbaum pasó de la mujer de estado a la líder de partido. Y eso está teniendo altos costos para México.
México debe abrirse a entregar a los Estados Unidos a todo aquel cargo público que tenga órdenes de detención sustentadas por jueces en Estados Unidos. A pesar de la degradación institucional americana, el Poder Judicial sigue siendo un espacio confiable. La ciudadanía mexicana tiene derecho a conocer a aquellos mandos altos y medios de la administración pública que han permitido que estados como Sinaloa sean santuarios para los delincuentes. Si me das elegir entre la impunidad o la justicia en Estados Unidos, no tengo la menor duda: elijo la segunda. Sólo a través de extirpar los canales de cooptación criminales en México podremos comenzar a darle la vuelta a la página. Antes de darle la vuelta, tiene que salir toda la verdad. O como dirían las Madres de la Plaza de Mayo, “no hay presente vivo con pasado muerto”. No hay soberanía sin limpieza política.
