Hace 47 años, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) pidió establecer medidas “temporales” para combatir la discriminación contra la mujer en la política. La propia convención señaló que dichas acciones afirmativas debían cesar cuando se alcanzara una participación real de las mujeres. México tardó en sumarse a esa ola, pero a partir de 1996 –durante la transición a la democracia– comenzaron las acciones afirmativas para permitir que las mujeres alcanzaran posiciones en los parlamentos y en los ejecutivos. Hay pocas políticas públicas exitosas en México y ésta es una de ellas. Los datos son incontestables.
Hoy, en la Cámara de Diputados federal hay 253 legisladoras. Es decir, más de la mitad. Y a nivel local, de las mil 102 diputaciones locales, el 55% son ocupadas por mujeres. La paridad en los congresos es una realidad. No es un anhelo, sino un objetivo cumplido a base de leyes que propician la paridad en las candidaturas. De la misma manera, en el proceso electoral 2024: 90% de los mexicanos votaron por una presidenta de la República. Al final, Claudia Sheinbaum obtuvo más del 60% y se convirtió en la primera mujer inquilina de Palacio Nacional. Es decir, los puestos de mayor poder en el país están o han estado en manos de las mujeres. En términos de la política electoral, el piso entre hombres y mujeres ya es parejo.
Es cierto, que a nivel local siguen existiendo algunas desigualdades de género que es necesario combatir. Por ejemplo, el 24.2% de las alcaldías son ocupadas por mujeres y 13 gobernadoras (40% de los estados) son mujeres. Todo esto se ha logrado con una lógica: la construcción de lineamientos de paridad que obligan a los partidos a proponer un porcentaje de candidatas mujeres en municipios, distritos o gubernaturas. No obstante, durante estos treinta años, la autoridad electoral no ha borrado el margen de maniobra de los partidos políticos. Es decir, busca la paridad, pero siempre asumiendo que existe la autonomía de los partidos políticos recogida en nuestro marco normativo.
Sin embargo, el IEPC de Jalisco y los tribunales se quisieron volar la barda aprobando lineamientos de género que más que criterios fueron imposiciones. En lugar de repetir fórmulas que habían ido incrementando el papel de la mujer en las presidencias municipales, el árbitro electoral se quiso disfrazar de legislador, o peor de jugador electoral, y definir si una mujer o un hombre deben gobernar un municipio. A veces parece no quedarles claro a algunos consejeros o magistrados, que la democracia es igualdad en el proceso, pero nunca en el resultado. Una democracia que parte con resultados concretos definidos sobre la mesa no es una democracia. No me cansaré de la frase: un sistema democrático es certidumbre en las reglas, incertidumbre en los resultados. Definir el género de una alcaldía o una gubernatura es una decisión que el árbitro electoral le quita al soberano (al ciudadano).
Si hacemos un comparativo global, México aparece bien parado en términos de igualdad política y de representación femenina. A nivel parlamentario, las mujeres en México doblan el promedio mundial, de acuerdo con los datos de la Unión Parlamentaria. El objetivo está cumplido: las reglas actuales funcionan, cualquier aderezo legislativo sólo supone la interferencia espuria de los árbitros en la contienda electoral. Los datos demuestran que el piso está parejo.
Frente a esto, México necesita una ley nacional de igualdad política y de paridad que se convierta en un instrumento de estabilidad para los siguientes años. No es aconsejable para una democracia que ya alcanzó cuotas razonables de equidad entre géneros, cambiar las reglas cada elección. El eje de la representatividad política es el ideológico no el género ni la raza ni la orientación sexual. Ése es wokismo ramplón. Para que no volvamos a ver ocurrencias como las del IEPC o las salas locales y regional del Tribunal, creo que es importante que el legislador defina criterios de paridad a mediano y largo plazo. Es la única manera de sacar la igualdad política del juego ideológico de unos y los cálculos electorales de otros.
