Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha”, declaró sorpresivamente Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, en el contexto de la conmemoración de un aniversario más del comienzo de la Revolución Mexicana. El discurso del general secretario fue más allá de la obligada lealtad constitucional del Ejército al poder civil. El discurso estuvo plagado de elogios al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sandoval declamó, punto por punto, la propaganda oficialista. Olvidó el rol del Ejército en una democracia y no dudó en alinearse con Morena.
El 25 de noviembre de 2018, una semana antes de prometer su cargo, AMLO dio un discurso clave ante las fuerzas armadas. No engañó aquel día y le propuso una alianza al Ejército. De la misma forma, eligió a Sandoval como titular de la Sedena y no dudó en utilizar su capital político para salvar a Salvador Cienfuegos –ex titular de la Defensa Nacional– tras su detención en Estados Unidos. El presidente ha cumplido los caprichos de Washington, pero aquel día, luego de la detención de Cienfuegos, AMLO reaccionó enérgicamente y estuvimos cerca de una crisis diplomática.
La alianza con el ejército también ha supuesto carretadas de dinero. Las fuerzas castrenses no sólo siguen ejerciendo labores de combate a la violencia que deberían caer en las policías, sino que se han llenado de funciones que van desde la vacunación hasta la construcción de aeropuertos. Bueno, incluso encargarse de la gestión del Tren Maya. La protección económica al Ejército va más allá. El presidente decidió fulminar los fideicomisos de ciencia y tecnología, educación, cine, deportes, pero ordenó mantener los fideicomisos Ejército que tienen un crecimiento de mil 48% en tres años.
El presidente, que se declaró antimilitarista, le ha dado la cogobernanza del país al Ejército. Otro ejemplo, éste de impunidad: el Gobierno de AMLO no ha querido destapar la cloaca de la posible participación de los militares en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Está claro el trato: dinero e impunidad para el Ejército a cambio de lealtad política absoluta y sin fisuras. La vieja relación del presidencialismo mexicano con las corporaciones.
Hay algo que diferencia a México del resto de América Latina. Los militares siempre han respetado al poder civil y, en el México posrevolucionario, nunca dieron un golpe de estado. El Ejército es una institución del Estado mexicano que tiene que estar por encima de los partidos y la política. Esa lealtad al Estado –así como su nula participación en golpes contra la democracia o las instituciones– explica la visión positiva que tiene una mayoría de mexicanos acerca de las fuerzas armadas. Alinear al Ejército con Morena puede suponer crisis constitucionales y riesgos a la democracia como sucede en países como Venezuela o Nicaragua.
Debo admitir que la profunda militarización del país es lo que más me preocupa del Gobierno de AMLO. Una alianza entre los militares y un proyecto político supone poner a las fuerzas armadas a la orden de una determinada ideología. No soy de los que gritan todo el día que nos estamos convirtiendo en Venezuela, pero este tipo de señales de los militares muestran que se está cruzando la línea que separa la necesaria lealtad institucional de una sumisión partidista inaceptable. Mantener acotado al Ejército a su papel institucional es la mejor manera de mantener la democracia. Militares y política es una combinación que sabemos que termina en la muerte de la democracia y las libertades.
Enrique Toussaint
@eftoussaint