Luis M. Morales
El gobierno español abofeteó a millones de mexicanos agraviados por la corrupción en el sexenio de Peña Nieto, al otorgarle una visa dorada que le permitirá residir por tiempo indefinido en Madrid. Pagó por ese privilegio 500 mil euros, el precio de un inmueble comercial en el barrio madrileño de Chamberí, pero las autoridades españolas esperan, sin duda, que un personaje tan opulento invierta en el futuro cantidades mayores, sin importarles un comino el origen de su fortuna.
La ley que benefició al expresidente, promulgada por Mariano Rajoy, debería ser derogada por el gobierno de Pedro Sánchez, pues establece una distinción entre inmigrantes de primera y de segunda. Por desgracia, el pragmatismo económico del PSOE la mantiene en vigor, aunque despida un inconfundible tufillo franquista. El dictador de España siempre mantuvo lazos fraternos con sus homólogos latinoamericanos: Batista, Stroessner, Somoza, Trujillo, Perón y Pinochet fueron paseados en triunfo por las calles de Madrid. El gobierno de Sánchez mantiene viva esa tradición, pues recibe con fanfarrias de honor al sumo pontífice de la cleptocracia mexicana. Bienvenida la escoria política de Latinoamérica, siempre y cuando derroche en España “una pasta gansa”, como dirían allá.
No me sorprende que el PSOE le vuelva la espalda a la sociedad civil mexicana, pues lo ha venido haciendo, por lo menos, desde el fraude electoral de 1988. En aquel tiempo, un grupo de amigos y familiares recolectamos firmas entre los refugiados españoles de la guerra civil, sus hijos y sus nietos, para solicitar a Felipe González que no reconociera el triunfo de Salinas, obtenido mediante la caída del sistema de cómputo que orquestó Manuel Bartlett, el actual director de la CFE. En nuestra carta le recordamos que el candidato despojado del triunfo en aquella elección era hijo de Lázaro Cárdenas, el presidente que brindó asilo a miles de españoles obligados a huir de España tras la victoria del fascismo. Por supuesto, González hiso caso omiso de nuestra carta y muchas veces elogió en público al usurpador Salinas, ignorando por completo sus fraudes a la nación.
Es justo reconocer, sin embargo, que el gobierno español carece de argumentos legales para negar la visa dorada a Peña, pues nuestro sistema de justicia no lo persigue por ningún delito. Gracias al buen periodismo de investigación, cada vez conocemos con más amplitud los complejos latrocinios del expresidente. Por si no bastara con el destape de cloacas como la Casa Blanca, La Estafa Maestra, el caso Odebrecht y la Operación Safiro, los periodistas Arturo Angel, Zedryk Raziel y Manu Ureste acaban de publicar El caso Viuda Negra, una minuciosa y reveladora investigación sobre el homicidio de Isaac Gamboa, el brazo derecho de Videgaray en la Secretaría de Hacienda, que fue asesinado en Temixco, junto con cinco miembros de su familia, en mayo del 2020. Según la UIF, la víctima dirigía una red profesional de lavado de dinero, con pagos multimillonarios a empresas fantasmas y desvíos a paraísos fiscales por un monto de 5 mil 800 millones de pesos. Con sospechosa indolencia, la FGR ha congelado esa investigación iniciada por Santiago Nieto. La Fiscalía de Morelos atribuyó la autoría intelectual del multihomicidio a la esposa de Gamboa, presuntamente coludida con uno de sus guaruras, apodado “El Dientes”, y aunque parezca inaudito, el Ministerio Público nunca tomó en cuenta el posible móvil político del crimen, pues como denuncian los autores el libro, “en ningún momento ha existido la más mínima colaboración entre las autoridades encargadas de indagar el asesinato a nivel local y las que indagan las redes de lavado de dinero a nivel federal”.
Una reciente declaración de López Obrador explica el estancamiento en las investigaciones de éste y otros desfalcos cometidos por la pasada administración: “Respeto al expresidente Peña porque no se entrometió en la elección presidencial de 2018. Tengo información de que los machuchones lo buscaron para que se uniera con ellos en contra mía, pero él se negó”. En otras palabras, López Obrador otorga indulgencia a Peña en pago por ese y otros favores (el proceso judicial contra Ricardo Anaya, por ejemplo). La visa dorada que su protegido compró en España rompe en jirones la bandera anticorrupción de la 4T, ya bastante agujerada a estas alturas. Peña Nieto goza de impunidad allá porque el gobierno de México se la ha dado aquí. Los ajustes de cuentas con expresidentes corruptos son indispensables para erradicar los contubernios entre gobiernos salientes y entrantes. Si el presidente se hace de la vista gorda para que Peña siga departiendo en España con la nauseabunda oligarquía retratada en el Hola, pasará a la historia como cómplice del máximo saqueador del erario en el siglo XXI.
Enrique Serna
