En teoría, la libertad, como cualquier otro derecho humano, es inalienable. Es decir, ningún individuo puede renunciar a ella. En la práctica, cualquier vival nos la arrebata. En el trabajo, el patrón piensa que —como él nos da de comer— nuestra vida le pertenece. En la iglesia, clérigos de todos los rangos juran que Dios los ha elegido y —ya que la Escritura dice “del Señor somos” (Romanos 14:8) y “habéis sido comprados por precio” (1 Corintios 6:20) — nuestra vida les pertenece también a ellos. Por si fuera poco, el Estado ostenta el monopolio de la fuerza y tiene facultades legales para dejar sin recursos a cualquier familia (por la vía novedosa del bloqueo de cuentas bancarias) y para arrebatarle la libertad a cualquier individuo (a través de la prisión preventiva oficiosa). ¿Queda duda de que nuestra vida también les pertenece?
Paradójicamente, nuestra Constitución afirma que “está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos”, y nuestra legislación define el delito de trata de personas como “toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación”. ¿Qué significa explotación? Según la Real Academia Española, significa “utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o las cualidades de otra persona”. ¿No es esto lo que hacen muchas empresas, iglesias y el Estado mismo?
El problema con este delito es que, en la gran mayoría de los casos, las víctimas no nos damos cuenta de que estamos siendo explotados hasta que descubrimos que hemos perdido la vida. Se nos ha enganchado de tal forma que creemos justos los abusivos contratos que hemos firmado. Empeñamos nuestra libertad para alimentar el sueño de alguien más y nos volvemos incapaces de ver las estrategias de manipulación con las que hemos sido capturados. Entregamos nuestra voluntad a ese líder carismático, llámese CEO, apóstol o presidente de la República. Nos persignamos ante la explotación sexual, pero justificamos la esclavitud moderna. Siguiendo ese mismo camino, muchas organizaciones humanas han encontrado diversas justificaciones para la explotación sexual.
En fin, en el escudo de armas chileno, debajo del huemul y el cóndor, sobresale el lema “por la razón o por la fuerza”, que bien podría constituirse en el eslogan de cualquier empresa pública o privada u organización religiosa. Si en algo, estimados dueños de empresas, líderes religiosos y administradores públicos, estiman el derecho humano a la libertad, intenten resolver todo asunto por la razón y no por la fuerza. Ninguna vida les pertenece; y si alguna pretenden poseer, corren el riesgo de ser denunciados por trata de personas.
