Quisiera concederle al Estado mexicano la presunción de inocencia, pero el Estado mismo nos niega ese derecho. “México está gobernado por los cárteles”, contraataca la Casa Blanca. ¿Qué mexicano se atreve a negar esa declaración? ¿Quién mete las manos al fuego por su presidente municipal, su gobernador o sus legisladores?
Trump no sorprende a nadie. No ha dicho nada nuevo. Todo parece seguir igual, hasta que pensamos en las implicaciones de tener un gobierno criminal.
Como si se hubiesen asomado a nuestros tiempos, los constituyentes de 1917 establecieron en el artículo 136 el principio de la inviolabilidad de la Constitución, el cual —extrañamente— permanece intacto:
“Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que, por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia…”
¿Acaso el fenómeno del “narcogobierno” no constituye una rebelión, un trastorno público? Si México está gobernado por el crimen, ¿qué leyes ha dictado el narco? ¿Hasta dónde se ha modificado la Constitución a su conveniencia? ¿Ha establecido el crimen un gobierno contrario a los principios de la República?
Si Rocha Moya es culpable de narcotráfico y tráfico de armas, como asegura el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ¿qué sucede con las reformas de ley impulsadas durante su administración? ¿Qué fuerza o vigor puede tener una ley emanada de un Congreso al servicio del gobernador y, por lo tanto, de los grupos criminales?
Vamos más arriba. Quien hizo los “arreglos” en el Senado de la República para sacar adelante la Reforma Judicial —esa que tiene a los ministros del acordeón sentados en la Suprema Corte de Justicia— fue el propio Adán Augusto López Hernández, aquel que tuvo como secretario de Seguridad al líder del grupo criminal “La Barredora”.
Esos “arreglos”, no hay que olvidarlo, incluyeron extorsiones a senadores de oposición y, finalmente, pactos de impunidad. Si Adán Augusto es el siguiente en ser llamado al tribunal estadounidense, ¿en manos de quién está el Poder Judicial? ¿No sería entonces la Reforma Judicial un trastorno público? ¿Cuándo recobraremos nuestra libertad? ¿Cuándo se restablecerá la observancia de la Constitución?
Si el triunfo electoral se financia con recursos provenientes del huachicol fiscal, ¿qué clase de Estado tenemos? Cualquiera, menos uno de derecho.
Vuelvo al artículo 136 constitucional:
“Con arreglo a ella (a la Constitución) y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado con esta”.
Y agrego las palabras del regiomontano universal, Alfonso Reyes:
“A mayor altura de la persona, toca mayor responsabilidad, por concepto de agravante. Por ejemplo, la traición de un soldado y la de un general sufren igual pena. Pero, ante nuestro juicio moral, la del general es todavía peor que la del soldado”.
¿Quién es el soldado? ¿Quién es el general? ¿Qué alturas ha alcanzado el gobierno criminal?
