Lo único rescatable de la propuesta presidencial de contrarreforma a la reforma judicial del obradorato es una confesión involuntaria del fracaso de jugar a la “justicia popular” sustituyendo a jueces, magistrados y ministros de carrera por hijos de la fortuna salidos de tómbolas de feria.
Entre los ajustes que se plantean resalta la creación de dos “secciones especiales” para que los ministros del acordeón desahoguen asuntos de baja relevancia, reservando al pleno los realmente trascendentes.
La idea exhibe el disparate original de haber extinguido las dos salas que había para atender esos asuntos y obligar a los nuevos juzgadores a tratar por igual litigios constitucionales de indudable relevancia que otros rutinarios que jamás debieron ocupar el tiempo del pleno.
El error de concentrarlo todo no respondió a una lógica jurídica, sino al impulso propagandístico de vender una falsa “austeridad republicana”. El resultado fue exactamente el contrario al prometido: desorden, lentitud y degradación funcional. Los acordeonistas quedaron forzados a revisar indistintamente conflictos menores y controversias delicadas, como si el derecho administrativo de una multa local tuviera el mismo peso que la interpretación de garantías fundamentales o la definición de competencias entre poderes del Estado.
La iniciativa demuestra que aquellas dos salas sí tenían sentido. Que no eran un privilegio burocrático y sí un mecanismo racional para distribuir cargas de trabajo, especializar criterios y evitar el atasco jurisdiccional que hoy asfixia a la Corte. Es un reconocimiento implícito de que la demolición del anterior modelo judicial se hizo con criterios ideológicos, no técnico-jurídicos.
Como se expuso aquí el martes, lo ideal no sería inventar remiendos para corregir los daños de una reforma demencial, sino restituir los engranajes institucionales arrebatados al Poder Judicial.
El deterioro se refleja ya en la chatarrizada calidad de la impartición de justicia, particularmente en la protección de los derechos humanos y la eficacia judicial frente a los abusos del poder.
Las limitaciones e incapacidades del aparato ministerial, policial y pericial del Estado ya eran alarmantes antes de emprender esta aventura demagógica, pero con una Suprema Corte cooptada por el Ejecutivo, debilitada, politizada y saturada de temas, el panorama se volvió alarmantemente incierto. La improvisación se paga, y en materia judicial suele pagarse con libertades, patrimonio y garantías fundamentales disminuidas o anuladas.
Por desgracia, lo desventuradamente caótico está por llegar.
López Obrador aniquiló una estructura perfectible, pero funcional para sustituirla por un instrumento político donde el conocimiento jurídico vale menos que la obediencia facciosa.
Y ahora, mientras se intenta corregir sobre la marcha algunos disparates, se confirma lo que desde el principio era previsible: que desmontar instituciones por capricho ideológico conduce inevitablemente al caos...
