No hay condiciones de posibilidad para que el olvidado problema de la selección y formación de jueces y el acceso a la Judicatura se debata de manera integral. De ahí que el debate sobre la reforma del PJF esté centrado en los criterios de la selección de jueces y el acceso a la Judicatura, dejando de lado el modelo idóneo de juez que hay que formar para la democracia y el fortalecimiento del estado de derecho.
Así que a partir del reconocimiento de nuestras limitaciones, como primer paso para efectuar por etapas y a largo plazo una reforma estructural del PJF, con el propósito de romper inercias ancestrales en el corporativismo judicial, hay que modificar los criterios de selección y acceso a la Judicatura.
Desde 1995, no sin la sombra de la sospecha de simulaciones y actos de corrupción, lo que ha sido confirmado, entre otros hechos por el escándalo que originó el robo del examen en el 28 concurso de oposición para la designación de jueces, la selección, capacitación y designación de jueces y magistrados por medio de concurso de oposición, es facultad del CJF. Y la selección de ministros de la Corte es facultad del Presidente y la designación, de entre los candidatos propuestos por éste, es facultad del Senado.
Lo que propone el proyecto de reforma en este punto es que la selección de jueces, magistrados y ministros de la SCJN se haga por el titular del Ejecutivo, el PJF y el Poder Legislativo, y que la designación sea por medio del voto directo de los ciudadanos.
Ya habrá tiempo para debatir a fondo el modelo de juez y la formación de jueces. Hasta hoy éste se produce entre filósofos del derecho, juristas y sociólogos del derecho, François Ost, André-Jean Arnaud, Rogelio Pérez Pardomo, entre muchos otros, sin que los conocimientos que éstos generan sean tomados en cuenta en las mayas curriculares de las universidades.
Que así sea se debe a una sencilla razón. La universidad se ocupa únicamente de la formación de abogados. Se aprende a ser juez, a la luz de la cultura del ***machote***, únicamente en el petrificado corporativismo judicial. El reto, no a corto plazo, es renovar esta tradición.
