En una democracia, las decisiones acordadas por la mayoría —nos gusten o no— deben respetarse. Si no se respeta la voluntad mayoritaria y, peor aún, se recurre a argucias para hacer creer que hubo chapuza, sabiendo que no fue así, entonces no se actúa como demócrata.
No me gustó que la mayoría decidiera que en la elección judicial del 1 de junio debamos elegir 881 cargos federales. Era suficiente con elegir a los ministros de la Corte, dos magistrados de la Sala Superior del TEPJF, 15 de las Salas Regionales y los cinco del Tribunal de Disciplina Judicial.
Sin embargo, como demócrata, asumo con gusto esa decisión, porque en una democracia el debate y las buenas razones permiten que las minorías se conviertan en mayoría, reformen leyes e incluso cambien el gobierno.
Los reformadores pensaron distinto: convencidos de que todo el Poder Judicial estaba corrompido, optaron por transformarlo mediante el voto popular, decisión criticada por la oposición.
Desde la perspectiva de la teoría de la democracia, solo los necios afirman que la elección de jueces no tiene relación con la ampliación y el desarrollo de la democracia, y menos aún que signifique un salto revolucionario.
Cuando digo que la elección judicial representa un salto revolucionario, no me refiero a una meta ya alcanzada, sino al carácter inédito y transformador del paso dado. En dos siglos de vida independiente, nunca se había debatido públicamente la crisis del Poder Judicial.
Que hoy millones discutan sobre jueces, privilegios, justicia, etcétera —pese a los desafíos— es, en sí mismo, un avance democrático y un giro revolucionario en lo político y cultural.
El riesgo de infiltración del crimen organizado no invalida la elección judicial. Éste existe desde 1940 y, según expertos, se fortaleció a partir del año 2000, consolidando una base social difícil de desarticular.
Resulta ingenuo, entonces, pensar que el Poder Judicial ha estado al margen. Por el contrario, siendo la corrupción un fantasma que entra y sale de los tribunales sin ser visto, la elección judicial abre una oportunidad inédita: permite que millones de ciudadanos identifiquen a aspirantes vinculados con redes delictivas.
