En el Poder Judicial de México se detuvo el tiempo, nacido de las entrañas del corporativismo judicial colonial de la Nueva España, el Poder Judicial sigue siendo, en cuanto a su forma de conservación, preservación y reproducción, no solo una plataforma de producción de conocimientos y de aprendizaje, que tiene como modelo estructural el taller artesanal feudal: el maestro, los oficiales y los aprendices, sino también una plataforma de defensa de intereses gremiales mezclados con diferentes tipos de corrupción, en las que por fortuna no todos participan, como asegura el presidente Andrés Manuel con la lapidaria frase: “El Poder Judicial está podrido”.
Como plataforma de aprendizaje, en el obraje medieval del señor juez a través de la cultura del machote el secretario de estudio y cuenta aprende del juez y se hace juez; el escribiente aprende del secretario de estudio y cuenta y se hace secretario de estudio y cuenta, etcétera. A esto es lo que jurídicamente se llama carrera judicial. Y como plataforma de defensa de intereses, en el Poder Judicial no solo se defienden los intereses del gremio judicial, sino también los intereses de los privilegiados, es decir, “los derechos” de los que de hecho, no por derecho, poseen derechos señoriales.
Como ejemplo de defensa de este tipo de intereses baste con señalar el caso Fobaproa, en el que la Corte, que el domingo pasado miles de personas en el país salieron a defender a gritos: “La Corte no se toca”, con 8 votos contra 3 decidió convertir una multimillonaria deuda privada de los banqueros y otro tipo de empresarios en deuda pública; en tanto que a millones de mexicanos, también endeudados debido a la crisis de 1995, fueron castigados al establecer la Corte que es jurídicamente válido el anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses.
Pero ¡seamos justos! Aunque es incuestionable que en el Poder Judicial de México se ha detenido el tiempo por un poco más de dos siglos (el 27 de septiembre de 2023 nuestro Poder Judicial cumplió 200 años), de esta tragedia no son únicos responsables los funcionarios judiciales de todos los niveles. En mayor o menor medida todos somos responsables por habernos olvidado durante dos siglos de vida independiente de debatir el añejo problema de la selección y formación de jueces y el acceso a la judicatura.
En el siglo XIX, en medio de golpes de Estado, revueltas, invasiones extranjeras y una dictadura que duró más de 30 años era imposible que se pudiera ir al encuentro de la tradición judicial heredada de la colonia para transformarla; lo mismo puede decirse del 1910 a 1934; pero, ya estabilizado el país y fortalecido el auge universitario, sobre todo en la década de los años 70, a ninguna universidad del país, ni publica ni privada, se le ocurrió ir al encuentro de la tradición judicial heredada de la colonia para por medio de la crítica transformarla.
Lo digo fuerte y claro, las escuelas de derecho del país solo forman abogados, los jueces, lo mismo que los fiscales, son formados en las corporaciones judiciales y ministeriales, respectivamente, a la luz de la cultura del machote. Ambos profesionales del derecho, con todo y las reformas constitucionales que ha habido en materia de seguridad y justicia, de manera particular la de 1994, por lo general acceden a dichas corporaciones por medio de mecanismos informales de reclutamiento.
Dibujado a grandes rasgos el anterior panorama, es imposible que con la propuesta de elegir a los ministros de la Corte por medio del voto popular se resuelva el problema de fondo: contar con jueces, magistrados y ministros de la Corte dotados de una sólida conciencia deontológica y hermenéutica; y también, con los saberes esenciales e instrumentales para el desempeño a cabalidad de su función.
Este es el único perfil idóneo para garantizar un alto índice de estado de derecho, el cual, a no ser por el esfuerzo de algunos juzgadores (no muchos) verdaderamente responsables que a sí mismos de manera autodidacta se proporcionan esa formación, es imposible que dicho perfil se produzca en el obraje del señor juez medieval a que antes me referí.
Sin embargo, contrario a lo que con exceso de cinismo dice la oposición respecto a que la elección de ministros por el voto popular politizaría la justicia (pues, ¿cuándo la justicia no ha estado politizada y hasta partidizada?), sí es aceptable la elección de ministros de la Corte, siempre y cuando: a) se garantice por medio de filtros estrictamente académicos y rigurosos estudios de personalidad la selección de los candidatos; b) que los tres Poderes de la unión participen en la designación de candidatos; c) que en la campaña no intervengan los partidos; y d) que las campañas se reduzcan a dos o tres debates estrictamente sobre el tema de la reestructuración a fondo del Poder Judicial.
