José María Luis Mora, en uno de sus discursos sobre la necesidad de que sea efectiva la independencia del Poder Judicial, dice: “Entre todas las injusticias, la más odiosa, la menos soportable, es la que se comete con formas judiciales, a nombre de la justicia y por los mismos magistrados que debían administrarla” (El Observador, 26 de mayo de 1830).
A dos siglos de distancia, seguramente el fundador del liberalismo mexicano se ha de estar retorciendo de coraje en su tumba, pues los vicios que combatió como arquitecto de la nación se mantienen incólumes.
La banalización del derecho está a la orden del día: cometer injusticias a nombre de la justicia, simulando una interpretación correcta de la ley, o ignorando la ley para someterse robóticamente al precedente —a lo que yo llamo “corrupción legal”—, que no pocas veces es confirmado en el juicio de amparo por el juez de Distrito y el Colegiado, es algo que acontece todos los días.
La corrupción legal también se produce en el Congreso, haciendo leyes a modo de los intereses de los grupos políticos. Por ejemplo, cuando se redujo la edad de 35 a 30 años para ser magistrado del Consejo de la Judicatura, solo para que el político panista Raúl Gracia fuera designado, por acuerdo del PRI y el PAN, como magistrado del referido órgano.
Y ahora, gracias a la corrupción legal, el también político panista José Arturo Salinas Garza, licenciado en derecho por el ITESM, pudo franquear cinco amparos promovidos contra el Consejo de la Judicatura y el Congreso del Estado, por vicios de constitucionalidad en el procedimiento de selección de cuatro magistrados, uno de ellos era precisamente Salinas Garza.
Año y medio después, sin importar el agravio causado a la sociedad, en cumplimiento del acuerdo previo entre priistas y panistas Salinas Garza es designado magistrado del PJE; y, siete meses después, el voto unánime de los magistrados lo llevan a la presidencia del TSJ.
Sin pensar en conflictos de interés, Salinas Garza se la ha pasado brincando de una profesión jurídica a otra, hecho que imposibilita la adquisición de una “identidad” profesional; y la falta de identidad profesional es uno de los factores que genera la corrupción judicial:
Socio de la firma Salinas y Salinas Abogados; corredor público; director jurídico del PAN; delegado en Nuevo León de la Secretaría de Economía; director jurídico del Ayuntamiento de Los Herreras; diputado local en las LXXIV y LXIX legislaturas del Congreso del Estado, y diputado federal en la LXII Legislatura.
Sin considerar que la función de juzgar pide una particular finura de espíritu y conocimientos especializados, que no otorga la universidad, el aprendiz de juez cándidamente dice que él sabe lo que tiene que hacer en su nueva chamba; que, si bien es cierto que tiene apenas siete meses en el PJE, ha habido otros que han sido designados a ese mismo encargo con menos tiempo.
Por culpa de los políticos, la crisis de la justicia que se vive en el país es ya endémica, cosa que al parecer no le importa a Arturo Salinas Garza. En el informe 2019-2020 del World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial) la calificación obtenida por México sobre el índice de estado de derecho es reprobatoria.
La calificación oscila entre 1 y 0, donde 1 muestra la máxima adhesión al estado de derecho. Ninguna entidad alcanzo el 1. La calificación más alta fue para Yucatán, con 0.46; la más baja para Guerrero, con el 0.33. Nuevo León quedó en el 7º lugar con 0.43.
Pero no todo es culpa de los políticos. Es indigno que en la elección del presidente del TSJ todos los magistrados se sometan a la voluntad del PRIAN. ¿Cómo los justiciables vamos a creer en la autonomía del Poder Judicial y la independencia de los jueces si, unánimemente, los magistrados se someten al poder político?
Efrén Vázquez Esquivel
