La reivindicación de los derechos de los adultos mayores es un compromiso que en el gobierno de la Cuarta Transformación se cumple, a tal punto que ha sido incorporado en nuestra Constitución Política la pensión no contributiva, de carácter universal, para todos los mayores de 68 años, y de 65 que residan en municipios con población indígena, quienes reciben mil 275 pesos mensuales y que para 2024 se espera se otorgue a 8 millones de personas.
Aquellos que han dedicado su vida al trabajo y contribuido con parte de su salario para que al término de su vida laboral obtengan una pensión digna, también merecen reivindicación; sin embargo, el actual sistema de pensiones impide que en su retiro puedan cubrir sus necesidades básicas de alimento, vestido, salud y vivienda, pues recibirán recursos muy inferiores respecto a su último salario.
El sistema basado en cuentas de ahorro individuales fue introducido en 1997 para los trabajadores del sector privado y en 2007 para los del sector público; actualmente existen más de 60 millones esas cuentas, cada persona es dueña de sus ahorros y junto con los rendimientos obtenidos por las inversiones realizadas constituirán el monto final de su pensión.
Es preocupante que la mayoría de quienes tienen esas cuentas no obtendrán los recursos necesarios para hacer frente a su retiro y es muy factible que puedan caer en situación de pobreza si no se hacen modificaciones para incrementar las aportaciones, pues apenas representan 6.5 por ciento del salario, lo cual lleva a que en su vejez se tenga una percepción promedio de solo 26 por ciento respecto a sus ingresos como trabajador activo.
Paradójicamente, esos 60 millones de cuentas son un pilar del sistema financiero y significan un ahorro interno de poco más de 160 mil millones de dólares, es decir, 14 puntos del PIB, que deberían redundar en beneficios para los trabajadores. Esto no es así porque existen limitaciones legales para invertir esos ahorros, se prefiere adquirir deuda gubernamental, en lugar de apoyar proyectos productivos; además, existe la limitante de que no puedan invertirse más de 20 por ciento de esos ahorros en valores extranjeros, lo anterior lleva a que la generación de rendimientos sea baja para los trabajadores y que incluso a veces tengan minusvalías o disminución en sus ahorros.
Entonces es una necesidad inaplazable reformar el Sistema de Ahorro para el Retiro, hacer más competitivas las Afores (Administradoras de Ahorro para el Retiro) y flexibilizar el régimen de inversión a fin de que sea posible garantizar a los trabajadores una pensión que les asegure un retiro digno y de calidad.
Por eso, en el Senado celebramos y apoyamos la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la que se incrementará la pensión que recibirá el trabajador, sin que éste tenga que realizar mayores aportaciones, pues serán los patrones quienes eleven su contribución pasando de 5.15 a 13.8 por ciento en un plazo de ocho años.
Los rumores alentados por quienes desean generar inconformidad e incertidumbre al señalar que las cuentas individuales pasarían a manos del Estado, son totalmente infundados; por el contrario, se garantiza su protección y a partir de la reforma, se otorgará desde los 60 años o una vez que se alcance una cotización de 750 semanas (15 años) en lugar de las mil 250 (25 años) que hoy se exige.
En síntesis, con la reforma los trabajadores no aportaran más, pero sí recibirán más; se disminuyen las semanas de cotización para la pensión garantizada y se incrementa su valor para un retiro digno y de calidad; a corto y mediano plazo, disminuirá el cobro de comisiones por parte de las administradoras; y, se modificará el régimen de inversión para diversificar riesgos y permitir que los recursos se destinen a proyectos de inversión y con ello, elevar los rendimientos y fortalecer el ahorro interno a escala nacional.
En el Senado se apoya a la clase trabajadora, con esta reforma se hará justicia a quienes han aportado y dado su vida laboral en favor de México.
Senador de la República.
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