La cruzada nacional de la 4T por la reforma al Poder Judicial terminará alcanzando a los estados.
Y es que de poco o nada servirá cambiar a fondo a jueces y magistrados federales, sin una renovación de los juzgadores locales, con todo lo que eso representa.
Es decir, mientras la Suprema Corte se moderniza, se actualiza en perfiles, se posiciona ante el pueblo como un poder empático y que vea por la sociedad antes que por los políticos y el poder económico, en las entidades federativas los asuntos del fuero común se siguen manejando a placer de quienes ostentan la sartén por el mango.
Lo más probable es que después de la reforma federal, se obligue a una reforma en los estados para que los jueces y magistrados también sean electos por la ciudadanía y se tengan medidas de austeridad en los poderes judiciales.
En Hidalgo, el Poder Judicial siempre ha sido respetado, pues goza de una credibilidad muy buena producto del trabajo de sus presidentes, como la hoy magistrada Rebeca Aladro, además de quienes han dejado su huella como el hoy gobernador del estado Julio Menchaca Salazar.
Pese a la politización hidalguense, los conflictos electorales, los cambios de régimen y partidos, el Poder Judicial se ha mantenido como una estructura que le brinda certeza y legalidad a los procesos de justicia de la población; como pocos en el país, se ha puesto por delante el sentido humanista en casos muy sonados, en temas que tienen que ver con mujeres y menores, y cuenta con una ratificación de sentencias muy por encima de la media nacional.
Todo esto debe saberse y llevarse al debate y a los parlamentos abiertos, ya que cuando ocurra la reforma al Poder Judicial en el país, se tendrá que analizar cómo y de qué forma se puede hacer en los estados sin trastocar el trabajo ya realizado, pues en entidades como la hidalguense también se debe de reconocer que hay impartición correcta de la justicia y prácticas que han sido galardonadas a nivel nacional e internacional.
