El gobierno federal, a través de la delegación del Bienestar, refuta la versión de los familiares de víctimas en Tlahuelilpan, quienes a cuatro años de la explosión del ducto de Pemex, piden que se cumpla la promesa de reconstrucción del tejido social, de abatir la desigualdad y general una zona en donde existan oportunidades de empleos para todos.
Tras conmemorarse un aniversario más de la tragedia, los deudos insistieron en que solamente recibieron un tiempo el respaldo de las autoridades y en la actualidad no se ha brindado el seguimiento a los acuerdos difundidos desde los lamentables hechos.
En enero de 2019, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recién tomaba las riendas políticas del país en el inicio de su sexenio, emprendió el inicio de la guerra contra el “huachicol”, con acciones como el cierre de las llaves en ductos para estaciones gasolineras, ductos que abastecían parte del centro del país y otras regiones; así como vigilancia extrema de cargamentos de combustible con pipas y policías.
Lo anterior detonó en resistencia civil en zonas donde por años se han perforado ductos de Pemex para extraer de forma ilícita la gasolina y posteriormente comerciarla a precios menores a los del mercado, exponiéndose a lo que ocurrió en San Primitivo, donde murieron 137 personas al intentar llevarse el hidrocarburo.
Actualmente, el gobierno federal insiste en que se ha luchado por el rescate del tejido social poniendo en marcha sus mejores programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Tandas del Bienestar, las pensiones de adultos mayores, las becas de estudiantes, y hasta el Fideicomiso del Bienestar.
Para darnos una idea, uno de los representantes de la delegación federal, Eduardo Durán de la región de Tula, señaló a MILENIO que la beca de 6 mil pesos para estudiantes es competitiva si se compara con los salarios de la región. De ese tamaño la perspectiva del supuesto plan para el rescate del tejido social.
Eduardo González
twitter: @laloflu
