La detención del presidente municipal de Tula de Allende, Manuel Hernández Badillo, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, por presunta malversación de fondos públicos, envía un poderoso mensaje a todos los integrantes de los ayuntamientos.
Se acabó la corrupción en el Valle del Mezquital y varios presidentes municipales ya pusieron sus barbas a remojar; sin embargo, hay casos del pasado reciente que no terminan por ser olvidados y ya hay otros que parecen serán los del futuro.
¿Quién se hace cargo por los recursos de antes, los que se llevaron y quién se hará cargo por los de ahora?
Humberto Pacheco Miralrío, ex presidente municipal de Mixquiahuala de Juárez, no pudo justificar, o no se supo públicamente, el monto de 7 millones de pesos, luego que presuntamente “hackearon” las cuentas del ayuntamiento hace unos años.
El San Salvador, Armando Azpeitia Díaz, alcalde en funciones, no ha salido a comprobar medio millón de pesos que administraba el DIF municipal y que presuntamente también “despareció” de las arcas y se desconoce el estatus.
Como esos, hay varios más con ex presidentes de Actopan, de Santiago de Anaya, de El Arenal, de Progreso de Obregón, y ni qué decir en la región de Tula-Tepeji en donde hay casos extremos desde la época de Miguel Osorio y Paco Olvera, hasta nuestros días.
El dinero de antes es igual de importante que el de ahora; con esos recursos pudieron haber evitado la inundación de Tula, o al menos tener obras preventivas, tecnología contra el robo de combustible y no haber padecido Tlahuelilpan, o buscar mejores opciones para el desarrollo social y el empleo en Cruz Azul, en Tepeji del Río y la misma Tula.
Los gobiernos municipales y el uso de los recursos públicos deben sufrir una necesaria y dolorosa transformación, pues ya no es posible vivir a costa del pueblo, cuando las necesidades son apremiantes.
