Que muchos se fueron con la finta de que el estadio Ignacio Zaragoza sería la sede del Teatro del Pueblo en la próxima edición de la Feria de Puebla, especialmente por la expectativa que general los conciertos masivos con artistas de talla internacional. Y es que tras las experiencias de las dos ediciones anteriores -marcadas por la desorganización, avalanchas humanas y falta de control-, el gobierno estatal no quiere repetir un escenario que ponga en riesgo a los asistentes. No se descarta que el foro de los artistas sufra modificaciones importantes, incluso de sede, para garantizar condiciones óptimas de acceso y evacuación.
Que en los penales de Puebla se viene una sacudida, pues el vicealmirante Francisco Sánchez González contempla la rotación de custodios y el traslado de internos como parte de una estrategia para evitar la formación de cotos de poder. La medida se implementará en cuanto quede listo el nuevo penal en San Pedro Cholula; se sabe que el diagnóstico de los centros penitenciarios del estado no es alentador, por lo que en los próximos días se harán cambios para garantizar mayor control y seguridad.
Que las ruedas de prensa de Néstor Camarillo, dirigente estatal del PRI, ya no tienen el brillo ni la asistencia de antaño. En cada convocatoria se vuelve más evidente el desinterés de la militancia de la capital, al grado de que para llenar espacios se ha tenido que acarrear a simpatizantes del interior del estado, algunos de ellos sin saber muy bien a qué van. La escena es tristemente simbólica: un dirigente que aún pide a los suyos colocarse detrás de él para la foto, al estilo del viejo PRI de los años 80, pero que cada vez logra menos cuórum, menos porras y menos entusiasmo.
Que finalmente el juicio contra Javier N., señalado como autor intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón, arrancará este 4 de abril. Tras varios intentos legales por aplazar el proceso, incluido un amparo para trasladar el caso a Toluca, la Justicia Federal desechó la solicitud y confirmó que el proceso se llevará a cabo ante el Tribunal Estatal de Enjuiciamiento local. La decisión judicial es clave para que el caso no quede impune.
