Que el gobernador Miguel Barbosa Huerta pasará con su familia las fiestas decembrinas en Tehuacán y se comprometió a permanecer atento por cualquier situación que requiera su intervención. Mientras, suspendió las videoconferencias matutinas hasta el próximo 3 de enero de 2022.
Que el diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal, reconoció que de las más de 135 mil firmas que corresponden al 3 por ciento de la lista nominal del estado para cubrir la cuota estatal y con las que se solicitará la revocación de mandato, a la fecha solo se ha reunido 20 por ciento, lo que refleja el interés del voto cautivo de ese partido y de los beneficios de los programas sociales.
Que bajo las nuevas reglas de democracia sindical de la reforma laboral para cumplir con los compromisos del T-MEC y la supervisión de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), las secciones 23 y 51 del SNTE deberán renovar los respectivos comité ejecutivos en los primeros meses del 2022, con base en el voto directo, universal y secreto de los maestros y administrativos. Alejandro Ariza Alonso y Jaime García Roque, respectivamente, cumplieron cuatro años al frente de sus cargos y, a pesar de que fueron electos por un cuatrienio, sus periodos fueron extendidos hasta 2022.
Que en noviembre, la tasa de desocupación en la entidad se ubicó en 3.3%, nivel inferior a la media nacional del 3.7 por ciento, reporta la Secretaría de Economía con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el país, 58.6 millones de personas de 15 y más años forman parte de la población económicamente activa (PEA), lo que implicó una tasa de participación de 59.6 por ciento, nivel superior en 3.5 millones de personas con relación a la de un año antes.
Que en la aprobación en el Congreso del estado sobre la inclusión en la Ley de Ingresos de los municipios por el cobro del derecho de alumbrado público (DAP), se demostró quién tiene la fuerza política, no solo en Morena, sino en otras bancadas legislativas, donde el cabildeo rindió frutos a favor de la solicitud de los municipios de aprobar el cargo como parte de la captación legal de ingresos.
