Que un nuevo encontronazo se avecina entre las huestes del PRI y las de Movimiento Ciudadano, ahora por la disputa de un organismo que por décadas ha estado bajo control de los tricolores. Resulta que tan pronto como hoy, el diputado federal emecista Armando Víctor Gutiérrez Canales se registrará como aspirante a la presidencia de la Unión Ganadera Regional, que actualmente ostenta el priista Adrián de la Garza Tijerina. A los pleitos por la Fiscalía General de Justicia, el presupuesto, los juicios políticos y controversias constitucionales, ahora se sumará la pugna por dirigir a los ganaderos del estado.
Que hablando del pleito entre ambos bandos, ayer el Poder Judicial vinculó a proceso e impuso medidas cautelares a la ex candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Nicolás de los Garza, Alejandra Morales, por unos dichos en contra de la hoy legisladora federal Lili Olivares. Como era de esperarse, cada bando afirma tener la razón, ya que los panistas advierten que este tipo de ataques no se pueden permitir, mientras las huestes naranjas sostienen que esto es una persecución política. Lo que sí queda claro es que las diferencias entre ambos se recrudecen cada vez más.
Que este día sesiona la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el que está en capilla es ni más ni menos que el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza. El Tío Mau, como se autodenomina el panista en redes sociales, difundió propuestas de campaña en TikTok antes de ser designado precandidato, por lo que fue denunciado y la autoridad electoral definirá este día si existe responsabilidad para sancionarlo. Tampoco hay que perder de vista si esta instancia confirma o revoca la sentencia local que exoneró al gobernador Samuel García por la publicación de encuestas correspondientes a la elección de diputado local en el Distrito 4.
Que la Diputación Permanente pidió a la Dirección Jurídica del Congreso local estudiar la posibilidad de interponer controversias constitucionales o de inconstitucionalidad en contra de los acuerdos del Gobierno del Estado y de la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que invadan las atribuciones de los diputados, con el fin de que la presidencia promueva los juicios.
