Que aspirantes a la candidatura del PAN por la alcaldía de San Pedro se reunieron ayer a puerta cerrada con el líder estatal del partido, Hernán Salinas. El dirigente blanquiazul confirmó a la plataforma MILENIO-Multimedios que se trató de una reunión de trabajo entre las dirigencias municipal y estatal, en donde estuvieron algunos interesados en contender por la presidencia municipal y liderazgos locales, con quienes se habló de estrategias para recuperar el mando del municipio. Salinas reconoció que entre los panistas que suenan para buscar el cargo están el diputado Luis Susarrey, el ex diputado Homero Niño, los militantes Marcial Herrera, Manuel Madero, Fernando Margáin y el ex edil Mauricio Fernández. El presidente estatal del albiazul adelantó que también se realizarán estrategias similares en Guadalupe, Santa Catarina y otros municipios metropolitanos.
Que el Gobierno del Estado anunció una reestructura organizacional de la administración pública central y paraestatal, que implicará un reajuste de personal de diversas Secretarías. Aunque la gestión encabezada por Samuel García no informó cuántos servidores públicos se verían afectados, señaló que en una primera etapa esta acción “generará un ahorro anual estimado de 30 millones de pesos”. El ajuste es parte del acuerdo de Creación de Gabinetes y Reestructura Organizacional de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, que fue publicado el pasado viernes 12 de mayo de 2023 en el Periódico Oficial del Estado.
Que en el último día del periodo ordinario de sesiones, la Comisión Anticorrupción avaló iniciar un juicio político contra la magistrada de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Norma Platas Gómez. Los diputados de la Comisión consideraron que la magistrada otorgó una suspensión ilegal al jefe del Ejecutivo estatal. El juicio político contra la magistrada fue planteado en febrero pasado por Hernán Salinas y Sylvia Elizondo, líderes del PAN y PRD, además del PRI. De acuerdo con el dictamen, los promoventes argumentaron que existe una prohibición en la Constitución local y en la Ley de Justicia Administrativa Estatal para que el TJA conozca de juicios contenciosos administrativos en contra de actos del Congreso.
