Que tras meses de escándalos, toma del plantel y expedientes aún abiertos, finalmente se concretó el relevo en la dirección del IESEN, con la llegada de Adán Emilio Cabrales Valenzuela, un egresado de casa que conoce bien las entrañas —y las heridas— de la normal. Que el mensaje desde la Secretaría de Educación fue claro: menos grilla, más academia y mucha operación fina para recomponer la relación con alumnos y docentes después de uno de los episodios más turbulentos en la historia reciente del plantel.
Que la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, cayó como balde de agua fría en varias entidades y en Coahuila fue aprovechada para mandar mensaje con destinatario nacional. Desde Parras, el gobernador Manolo Jiménez Salinas puso sobre la mesa un tema incómodo para partidos y autoridades electorales: los filtros para quienes buscan el poder.
Que el mandatario aseguró que en Coahuila existen “candados” que dificultan el paso a perfiles ligados al crimen, gracias —dijo— a la alianza entre sociedad civil, iniciativa privada, ciudadanía y gobierno. Traducido al lenguaje político: aquí no cualquiera se cuela en la boleta, y menos si trae sombras detrás.
Que, sin embargo, el gobernador reconoció que el problema no es local sino estructural, y lanzó la pelota al INE y a los institutos electorales estatales. La propuesta no es menor: exámenes de control y confianza, antidoping, evaluaciones psicológicas y psicométricas para aspirantes a cargos de elección popular. Es decir, aplicar a candidatos lo que hoy se exige a policías.
Que en Durango vuelve a encenderse el debate —y la presión— sobre cómo se investigan las muertes violentas de mujeres. La activista Julieta Hernández Camargo, de Sí hay mujeres en Durango, recordó algo que en el papel es claro pero en la práctica incomoda: toda muerte violenta debe investigarse bajo el protocolo de feminicidio, incluso cuando la autoridad la encuadre como suicidio o accidente.
Que el caso de María Alejandra, clasificado por la Fiscalía como autolesión, puso el reflector justo donde no gusta: en la obligación legal y jurisprudencial, respaldada por la Suprema Corte, de presumir feminicidio desde el arranque de la investigación. Y más aún cuando hay una expareja presente, antecedentes de conflicto y preguntas sin responder sobre el contexto emocional y relacional de la víctima.
templete@milenio.com
