Que en la mesa de seguridad de Torreón no pasó desapercibido el anuncio del alcalde Román Alberto Cepeda sobre el fortalecimiento de la videovigilancia, especialmente la conexión de espacios emblemáticos como el Estadio Revolución y el TSM al C2 municipal. El mensaje fue claro: la seguridad sigue siendo carta fuerte de la actual administración y no se piensa soltar el tema rumbo a los nuevos retos de 2026.
Los números de la ENSU, que colocan a Torreón entre las ciudades con menor percepción de inseguridad y como la segunda más segura del país entre municipios grandes, fueron el respaldo político perfecto para insistir en que la inversión y la coordinación con el Gobierno del Estado están dando resultados y que aún hay margen para apretar más la tuerca.
Que más allá de los discursos, los datos operativos presentados en la reunión dejaron ver que la apuesta por la tecnología empieza a rendir frutos: la Policía Municipal duplicó las detenciones logradas mediante videovigilancia en comparación con el año pasado. A eso se suman bajas en delitos clave como robo a casa-habitación y comercio, además del cero registrado en transporte público colectivo.
En corto, algunos mandos comentaban que la estrategia ya no se basa solo en patrullas visibles, sino en precisión quirúrgica desde las cámaras. Eso sí, el propio alcalde advirtió que los buenos números reducen el margen de error y obligan a ser más finos porque cuando se presume ser de los más seguros, cualquier tropiezo se nota el doble.
Que al informe de Miguel Mery Ayup y a la inauguración de la nueva Ciudad Judicial acudieron todos los que tenían que estar: gobernador, Congreso, magistrados, diputados de todas las fuerzas políticas, fiscal, empresarios, rectores, abogados, notarios y funcionarios de los tres niveles de gobierno.
Las nuevas instalaciones quedaron, como se anticipaba, de primer mundo. Con una inversión cercana a los 350 millones de pesos, tecnología de punta y espacios funcionales para más de 800 trabajadores, el complejo se perfila como el edificio público más moderno del estado. De los recursos, 200 millones ya fueron cubiertos con fondos propios del Poder Judicial y el resto se pagará en los próximos años, ayudado por el ahorro anual de ocho millones de pesos al dejar de rentar inmuebles. No es sólo una mudanza, como dijo el propio Mery, sino un cambio integral en la forma de impartir justicia. En suma, un día redondo para el Poder Judicial y para su presidente.
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