Que se mantienen activos hasta el final: ayer el Poder Ejecutivo publicó las reformas a la Constitución en materia de transparencia, y empieza a correr el plazo de 90 días para que el Congreso expida y apruebe las leyes secundarias con las cuales se definirá a qué área se trasladan las obligaciones de transparencia y protección de datos personales. La extinción formal del Infoem, pues.
Pero la idea es que la transparencia no se pierda. Recientemente el propio Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales dio un amplio reconocimiento al Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad, el Trijaem, por su Micrositio Centro de Formación y Profesionalización. El magistrado presidente Gerardo Becker Ania hizo mención de los aportes en la materia mediante esta plataforma. Enhorabuena.
Que se veía crecer el tema del conflicto popular en El Oro contra la presidenta municipal morenista Juana Elizabeth Díaz y, como dijera Maussán, nadie hizo nada. Las protestas violentas de los pobladores por falta de servicios se desbordaron y ahora el ambiente es tenso y la gobernabilidad puede estar en la tablita, entre los manifestantes (cuyas conductas ya son investigadas por la Fiscalía) y la postura francamente cuestionable de algunos funcionarios municipales que enfrentan acusaciones graves que deberían probarse.
Que algunos lectores han denunciado la circulación de vehículos con placas diplomáticas falsas. Se trata de toda una flotilla de sedán y hasta camiones portando láminas doradas con la frase “DIplomatic Service”, la bandera de EU y una roja con una estrella amarilla que no corresponde a ningún país, pero también señalan ser parte del “Sovereing Theocratic Government Moor”, que según algunas consultas, se ostenta sin reconocimiento como un gobierno soberano. No es una mala broma, aunque parezca.
Todo indica que los vehículos, que con frecuencia se ven resguardados en un predio en la Calle Enrique Flores esquina Laguna del Volcán, en la colonia 5 de Mayo, en Toluca, más bien pretenden mediante el “charolazo” evadir obligaciones de impuestos, tenencias y otros, pero también son un riesgo latente de ser usadas para cometer ilícitos y no ser detenidos o identificados.
