Que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) el estudio demoscópico especializado que lleva a cabo el Inegi de manera permanente, en el Estado de México disminuyó la percepción de inseguridad en los últimos cuatro meses, lo cual, en el grado que sea, ya es un verdadero logro. Destaca además que Ecatepec, que encabeza la alcaldesa Azucena Cisneros, reportó la reducción más significativa al respecto, y las familias percibieron mayor efectividad del gobierno municipal para resolver los problemas.
Que hablando de Ecatepec, las dificultades son muy variadas. Pero ejemplo, su organismo público descentralizado para la prestación de agua potable y alcantarillado enfrenta un adeudo por 102 millones de pesos por la falta de pago a proveedores. Y es que sobre todo hay incumplimientos por uso de combustibles, renta de pipas para la entrega de agua potable a zonas con escasez y operación de campamentos en casos de emergencia.
Es parte de la herencia negra, pues los pasivos se generaron durante la administración 2019-2021, del ex alcalde Fernando Vilchis Contreras, cuya gestión estuvo relacionada presuntamente a la venta y distribución de agua a través de pipas particulares.
Que también, a propósito del tema hídrico y de personajes cuestionables, un golpe importante habrá sido el gran número de cateos y cierres de pozos y redes irregulares en poder de los pseudosindicatos que se lleva a cabo en el operativo implementado por las autoridades de los tres niveles de gobierno, y que con la investigación de la Fiscalía estatal a la cabeza, impactarán a estos grupos francamente delictivos que tienen sus tentáculos metidos en prácticamente todos los temas.
Ya que están en eso, las autoridades deberían poner un alto de una vez por todas a los pozos controlados por grupos ejidales, que se hinchan los bolsillos con un bien público sin rendirle cuentas a nadie y en cuestión de comportarse como mafias no le piden nada a los mencionados “sindicatos”.
