Que el diputado Max Correa Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, asegura que, de acuerdo con integrantes de los Bienes Comunales de Huixquilucan, su presidente Marciano Galindo Ramírez fue detenido por un presunto delito “que se desvaneció de inmediato”, pero acusa que le generaron otras imputaciones por parte de quienes calificó de una “mafia inmobiliaria”. Lo cierto es que lleva juicios para recuperar predios invadidos por fraccionadores ilegales, por lo que el tema en general suscita algunas suspicacias.
Que en un ejercicio de acercamiento con la ciudadanía, la alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, Karla Fiesco García, lleva alrededor de 8 mil 500 personas atendidas en el Día Ciudadano, ejercicio que ha llegado a 16 comunidades de la demarcación, cuyas demandas se han traducido en rescate de áreas verdes, iluminación en sus calles, seguridad y mejor movilidad.
Con ello, pone de relieve que hoy en día no se puede gobernar desde las oficinas, sino que el contacto con la gente es fundamental para responder a sus necesidades.
Que la diputada federal Melissa Vargas propuso una iniciativa ante el pleno de San Lázaro para catalogar como un delito el abandono de adultos mayores, proponiendo una pena de 2 a 4 años de prisión, porque aseguró que muchos han sido abandonados para quitarles su patrimonio. Su argumento es contundente: “Cada vez seremos más adultos mayores y es urgente protegerlos”.
Que cada uno de los 125 municipios del Estado de México deberán contar con su Célula de Búsqueda de Personas, según las reformas a la Ley Orgánica Municipal aprobadas en Comisiones Unidas del Congreso local, que establecieron un plazo de cuatro meses para integrarla. A ver si los ayuntamientos acatan, pues sería un gran paso adelante para combatir el flagelo persistente de las desapariciones. En la medida de la capacidad de reacción a nivel municipal, hay casos en que ha sido esencial para localizar a las personas.
