Que en el Día de las y los Abogados, el secretario de Gobierno Guillermo Olivares llamó a defender la soberanía nacional, fortalecer el Estado de Derecho y combatir la corrupción como condiciones para preservar la gobernabilidad y atraer inversiones. Durante la conmemoración en Plaza Juárez, el funcionario también se recordó que el ejercicio de la abogacía implica actuar con apego a la legalidad y contribuir a una justicia libre de discriminación.
Que el Tribunal Electoral de Hidalgo volvió a recordar a los ayuntamientos que el acceso a la información también es un derecho de quienes integran los cabildos. Las alcaldesas de Huichapan y Progreso de Obregón deberán entregar, en un plazo de cinco días, la documentación solicitada por un síndico y una regidora, luego de que los magistrados concluyeran que la información incompleta o su negativa limita el ejercicio de las funciones de representación y vigilancia dentro de los gobiernos municipales; pero los responsables siguen haciendo como que la virgen les habla.
Que los asaltos en el Arco Norte continúan siendo un foco rojo para transportistas y automovilistas. Entre enero y mayo se registraron 40 robos y en julio ya suman cuatro más, mientras autoridades y la concesionaria mantienen el cierre de accesos clandestinos, considerados una de las principales rutas de escape de los delincuentes. Aunque se reforzó la vigilancia y ya fueron clausurados 44 pasos irregulares, todavía no se determina si detrás de los atracos opera una sola banda o varios grupos delictivos.
Que en el Congreso de Hidalgo comenzó la discusión de una iniciativa para que las personas que han sido objeto de burlas, acoso, discriminación o violencia por su nombre puedan modificarlo mediante un trámite administrativo, sin acudir a un juicio. La propuesta pretende agilizar el proceso y evitar la revictimización, aunque también obligará a definir reglas precisas para garantizar certeza jurídica y evitar que el mecanismo pueda prestarse a usos indebidos. Ahora el reto será encontrar equilibrio entre proteger el derecho a la identidad de las personas y establecer controles que impidan cambios.
