Que hoy gritan en Tlaquepaque: “albricias-albricias”. El convenio SIAPA–Tlaquepaque no es un milagro: después de cortes, tribunales y hasta una caja dorada con candado, lo impensable pasó y se resolvió de manera tersa. El acuerdo baja el reclamo inicial de más de 200 millones a 31.6 millones, con 7.6 millones en cheque y 24 millones reconocidos vía obras municipales, o sea Laura Imelda Pérez y su administración ya no deberán pagar un peso más. La lectura política es inevitable: coincide con la reunión Lemus–Sheinbaum y el anuncio de inversión histórica en el plan hídrico. Los “mal pensados” dirán que es parte de acuerdos previos; no hay que comprarlo automáticamente, pero tampoco ignorar que sugiere coordinación. Sin embargo, falta transparencia en la valuación de obras, actualización de las 176 cuentas y garantía de que no se repetirán cortes ni desabasto. Ojalá sea el inicio de una gestión hídrica metropolitana seria y no sólo un arreglo político. Aunque hay quien dice por ahí que tras los acuerdos hídricos se vienen más cositas.
Que tras lo sucedido en el INE, corresponderá al IEPC valorar —sin prejuzgar a nadie— si, por principio precautorio, conviene que ningún proveedor señalado por la ASF o la UIF sea elegible para contratación hasta que las investigaciones respectivas queden debidamente aclaradas. En paralelo, sería prudente explorar entre los otros dos o tres proveedores disponibles una alternativa, aun cuando el precio de la documentación y el material electoral pudiera ser superior al de Cajas Graf. Para el proceso electoral de 2027 aún no hay definiciones, pero este noviembre es el momento oportuno para analizar filtros de elegibilidad claros y públicos respecto de quién será el proveedor. En suma, el IEPC no está obligado a condenar a nadie, pero sí lo está a no permanecer indiferente.
Que los panistas callaron: la planta potabilizadora número cuatro de Toluquilla, que vuelve a estar en la discusión sobre el abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, se contrató hace 14 años durante el gobierno de Emilio González Márquez, con autorización del Ayuntamiento de Guadalajara encabezado por Francisco Ayón López, del PRI, militantes que también callaron. Ahora, el gobernador Pablo Lemus anuncia su recuperación para el abastecimiento público como parte de los acuerdos de infraestructura hídrica con el gobierno federal.
