Que las acciones de las últimas horas en Jalisco —la recuperación legal de un predio invadido en Tonalá y la resolución del conflicto con la tequilera José Cuervo— emiten una señal de confianza inequívoca para los inversionistas. Demuestran que el gobierno de Pablo Lemus actúa con contundencia y apego a la ley para proteger dos activos fundamentales: la propiedad privada física y la seguridad jurídica para operar.
Que más allá de un discurso, las intervenciones en Tonalá y Tequila fueron un golpe efectivo contra la ilegalidad proveniente de grupos irregulares o de arbitrariedades dentro de las instituciones como fue el caso del alcalde de Tequila, Diego Rivera. Este doble precedente parece crucial para la decisión de invertir en el estado. Para el capital ya establecido, significa que hay un respaldo firme que reduce el riesgo de operación. Para los inversionistas aspirantes, proyecta un entorno previsible donde las reglas son claras y se defienden con hechos. Jalisco requiere inversión sí, pero también mantener el ataque a la ilegalidad e impunidad para hacer prevalecer el estado de derecho.
Que el humo blanco aún no aparece en el Congreso de Jalisco. La votación del Presupuesto 2026 y los nombramientos del titular de la Auditoría Superior y del Fiscal Anticorrupción siguen pendientes, un estancamiento que confirma que todo va en un solo paquete de negociación. Ante este bloqueo y la previsible tensión legislativa, el gobernador se reunió ayer con diputados de su bancada, la que coordina José Luis Tostado. El mensaje fue claro: unir fuerzas y disciplina partidaria son imprescindibles para desatar el nudo y sacar adelante su agenda económica y de justicia en las últimas horas de la legislatura.
Que a casi cinco años del asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval, la justicia permanece en una penumbra. La próxima semana se cumple un lustro desde que el 18 de diciembre de 2020, el ex alcalde de Guadalajara y gobernador entre 2013 y 2018 fue asesinado de un disparo por la espalda en un bar de Puerto Vallarta. En vísperas de esta fecha, su viuda, Lorena Jassibe Arriaga, declaró con crudeza lo que resume el estancamiento del caso: desconoce la evolución que ha tenido la carpeta de investigación.
