Que las explosiones en dos fábricas de la Zona Metropolitana de Guadalajara—una de ellas Francomexicanos, dedicada a aerosoles y solventes—han dejado al descubierto una cadena de negligencia empresarial y fallas regulatorias que pusieron en riesgo a una comunidad entera. Si bien el gobernador Pablo Lemus confirmó que la empresa no cumplía con las medidas básicas de seguridad, surge una pregunta aún más grave: ¿Cómo se permitió que operara durante años en una zona urbana, junto a viviendas y una escuela, sin supervisión real?
Operaba sin los extintores necesarios, sin protocolos de seguridad adecuados y, al parecer, sin mitigar el riesgo que representaba su actividad. Frente a ello, las autoridades no fiscalizaron un negocio de alto riesgo en una zona poblada. Las pesquisas apenas empiezan, pero la sociedad no puede conformarse con un proceso lento ni opaco.
Que el fallecimiento de la abogada estadounidense Jessica Rossman tras un procedimiento estético en Puerto Vallarta ha sido manejado con una opacidad inaceptable, levantando serias dudas sobre la transparencia de las autoridades locales y la posible negligencia—o incluso encubrimiento—en la investigación. A pesar de tratarse de un caso con repercusiones internacionales, ningún funcionario en Vallarta ha dado la cara para explicar qué sucedió. No se ha difundido el nombre completo de la clínica y no hay información oficial sobre los protocolos médicos que se siguieron. Lo más grave: el cuerpo de Rossman fue incinerado el 23 de abril sin previo aviso a la familia, lo que impidió una autopsia independiente y sugiere un posible intento de destruir evidencia. ¿Quién autorizó esto? ¿Por qué no se respetó el derecho de los familiares a reclamar el cuerpo? Otro trabajo para el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos.
Que se espera que esta mañana peritos de la FGR vuelvan al rancho Izaguirre con líderes de colectivos de búsqueda tras una serie de reuniones del fiscal Alejandro Gertz Manero con familiares de desaparecidos que pusieron al descubierto el campo de entrenamiento. El ingreso se da supuestamente por omisiones de la autoridad local.
