Que será transcendental escuchar atentamente al gobernador Pablo Lemus sobre el caso de los dos policías municipales de Zapopan involucrados en la desaparición forzada en 2019, cuando él era alcalde del municipio. Resulta inaceptable que no se les haya castigado oportunamente por su probable participación en este delito. Ahora, cinco años después, la fiscalía estatal finalmente capturó a los responsables después de acreditar su probable responsabilidad. Esto plantea serias preguntas sobre la eficacia de la justicia en Jalisco y la repentina capacidad de la autoridad de justicia local para activar el tema.
Que la inclusión de víctimas y colectivos en el proceso de selección de los nuevos titulares del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVJ) representa dos cosas: un avance significativo en la construcción de instituciones más cercanas a la ciudadanía y un mecanismo concreto para legitimar decisiones que históricamente han sido tomadas de forma vertical. No obstante, su verdadero impacto se medirá no en discursos, sino en si los nombramientos resultantes logran transformar la realidad de miles de familias que aún buscan justicia.
Que la iniciativa de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, de multar a quienes no barren su banqueta como parte del programa “Guadalajara Limpia” se mantiene en su plan de acción como un paso para generar conciencia entre los habitantes de la ciudad. Un ejemplo similar es el programa “Singapur Limpio” implementado en Singapur, donde se impusieron multas a los ciudadanos que no mantuvieran limpias las áreas públicas. Este programa ha sido exitoso en mantener la ciudad limpia y ordenada. No por nada es considerado Singapur como el país más limpio del mundo. Veremos si como allá, acá la autoridad local mantiene también la corresponsabilidad debajo de las aceras: tener bien pavimentadas las calles, o sea “libres de baches” y seguras.
