Que algo pasó en el Campus de la Universidad Nacional Autónoma de México en San Miguel de Allende que la construcción de la extensión de la ENES que debió haberse terminado desde hace un año, se mantiene en obra negra y lo peor del caso es que nos cuentan que lo edificado tendrá que derribarse, porque está mal hecho.
Ello significaría la pérdida de unos 9 millones de pesos ya invertidos en este plantel y todo parece indicar que hubo una negligencia en la asignación de la obra a la constructora que al final se le retiró y promovió un juicio para que se le devuelva, lo que tiene detenido el proyecto insignia de la UNAM en la ciudad patrimonio.
Que ahí es donde resulta relevante lo que los ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y la Red Ciudadana que lo componen están haciendo para terminar con las malas prácticas, al momento que los gobiernos adquieran bienes, servicios o liciten obras.
La percepción de corrupción no es ajena a los gobernados, toda vez que se presentan casos como el aquí expuesto de la ENES en San Miguel de Allende, que en muchas ocasiones las lagunas legales permiten que sucedan hechos similares que terminan siendo un boquete de cientos o hasta miles de millones de pesos al año en el presupuesto.
Que otro frente en el que se está trabajando para ello lo lleva la Auditoría Superior del Estado que encabeza Javier Pérez Salazar, quien se ha acercado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, buscando que los afiliados a este organismo se certifiquen en procesos de licitación con los gobiernos.
Con ello lo que se busca también es crear un padrón que dé confianza a las administraciones tanto estatales como municipales que no habrá conflicto con estas empresas y sean las primeras que además de ser de Guanajuato cuenten con los estándares requeridos para las obras licitadas y no terminar con trabajos mal hechos o cuentas mochas.
