Que luego de que la diputada local del Verde, Itzel Mendo denunció ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a la diputada de Movimiento Ciudadano Sandra Pedroza por presunta Violencia Política en Razón de Género, en su defensa la emecista dijo que “no hay razones para que se le pueda acusar”.
Esto luego de que el 5 de junio, Itzel Mendo se sumó a la bancada del PAN para archivar la iniciativa de Movimiento Ciudadano para despenalizar el aborto, por cierto, su voto fue clave. Ante ello Sandra Pedroza le arrojó billetes, por cambiar su voto en el último minuto. Al mismo tiempo que mujeres pro-aborto le gritaban “¿cuánto cobraste?”.
La denuncia fue puesta en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se presentaron pruebas para acreditar tiempo, modo y lugar de la agresión. Hoy en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género que se puede consultar en el INE, ya hay mujeres sancionadas por este hecho.
Y ya terminó el plazo para que militantes del PAN en Guanajuato presentaran sus Recursos de Inconformidad ante la Comisión Nacional de Justicia partidista, para impugnar los resultados de la elección del domingo pasado. Brincan procesos que se presentaron en Salvatierra y Salamanca donde varían las acusaciones que se hacen entre panistas.
Y van desde la violencia, hasta uso de recursos públicos y la homofobia. En Salvatierra, Alejandro Rodríguez quien buscaba la dirigencia municipal acusó que la planilla de Enrique Ortiz Jiménez realizó actos de discriminación y homofobia en su contra, consistentes en actos de difusión de mensajes de odio y expresiones homofóbicas entre militantes y por redes sociales, las cuales se replicaron al interior del comité municipal.
Sustentando que se distribuyeron papeletas donde se señalaba “No por el joto”, así como otras palabras, alusivas y denostando a la comunidad de la diversidad sexual; lo que calificó actos que van en contra de la doctrina humanista y de respeto a la dignidad que promueve el PAN. Mientras que, en Salamanca, se denunció la intervención de servidores públicos y coacción del voto, de gente que labora en el gobierno estatal. La disputa sigue y seguirá.
