Que en la cancha del Poder Legislativo, estará ahora la recomendación hecha por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción que generó luego de un amplio trabajo de consulta una serie de reformas a la Ley de Contrataciones Públicas del Estado de Guanajuato.
El asunto no es menor, pues cuenta con un amplio consenso entre consejos empresariales como el de León, universidades como el Tecnológico de Monterrey, campus León, autoridades fiscalizadoras como la Auditoría Superior del Estado, entre otros.
Que el CPC lo que busca es disminuir los riesgos de corrupción en las contrataciones públicas en el estado de Guanajuato pues en una encuesta realizada encontraron que el área de gobierno donde percibían mayor corrupción dentro del rubro de compras y licitaciones era en las obras públicas.
Otro riesgo que ven común es la creación de empresas fantasma; mencionado por el 81% de los encuestados. Se trata del riesgo percibido más grave de toda la lista mencionada y evaluada por los ciudadanos, por lo que con una serie de candados y una inversión muy menor podrá hacerse la diferencia.
Que quien demostró una verdadera insensibilidad para con la situación que viven muchos comerciantes del municipio de Celaya fue el alcalde Javier Mendoza quien quiso justificar la crisis que viven los comercios de la localidad respecto al cierre debido a la inseguridad y extorsiones asegurando que lo que en realidad sucede es que a los locatarios les va mal.
Pues sí, sin duda les va mal a muchos comerciantes de Celaya pues está documentado que además del tema económico su municipio es uno de los más afectados por las mafias de extorsionadores, cosa que parece que el alcalde no quiere ver, lo cual habla de su lejanía con las víctimas de este tipo de delitos.
