El crimen organizado es un enemigo íntimo. Más en un estado como Sinaloa, que durante décadas ha regado las ramas del narcotráfico hasta incrustarse en cada aspecto de la vida pública. El entramado es tan amplio y complejo, que cortarlas implica quemar lo construido. Y el poder político lo sabe, lo entiende y por eso, lo ha tolerado.
Hoy es Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios más los que están en la mira del gobierno de Estados Unidos por su presunta complicidad con el Cártel de Sinaloa, pero la realidad es que pudo ser cualquiera de administraciones anteriores, y tampoco hubiera sido una sorpresa.
La crisis en la que está sumida el estado desde hace casi dos años ha cambiado la perspectiva. Los pactos rotos exponen a la población que, queriendo o no, había aprendido a ignorarlos y hasta justificarlos. Así son las cosas, así han sido siempre. Pero hoy ya no se puede voltear a otro lado, porque a la derecha queman un negocio, a la izquierda roban un vehículo; arriba balean una casa y abajo hallan muertos.
Cuando la paz dejó de ser negociable, la violencia dejó de ser tolerable. Y entonces sí, se levantan los dedos acusatorios, los discursos iracundos y la indignación hipócrita de quienes durante tanto tiempo ayudaron a construir esta red de corrupción y complicidad.
Las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa y demás políticos no cayeron como un balde de agua fría… pero sí de forma inesperada, tan habituados al “no pasa nada”.
Hoy unos se sienten triunfantes, como si por fin se fuera a ejercer la justicia que se les ha negado. Otros aprovechan para abonar a su discurso político. Tantos más se muestran cautos de lo que significa y lo que sigue. Pero nadie queda indiferente, y no deberían de serlo, porque no es cualquier cosa.
Lo que ocurra no solo impactará en la dinámica política, sino también social. Es un antes y un después para una población que se acostumbró al calor de su propio infierno, porque ya no se puede salir. Aunque a veces, más vale diablo por conocido que “santo gringo” por conocer…
