El relevo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por ello, de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (previsto para el 2 de enero próximo) constituye un procedimiento constitucional interno de nuestro Máximo Tribunal, le corresponde tramitarlo y decidirlo libremente a sus 11 ministros, a nadie más.
Los ciudadanos somos libres para opinar sobre el desempeño de nuestros gobernantes y demás funcionarios públicos, según nuestro leal saber y entender. En lo personal, considero a los 5 ministros involucrados como aspirantes en el referido trámite sucesorio (2 mujeres y 3 hombres) con capacidad y merecimientos para ocupar la presidencia.
Debemos destacar el deber ético y constitucional, absolutamente inexcusable, del titular del Poder Ejecutivo federal de no inmiscuirse de manera alguna en la vida interna del Poder Judicial, y de guardarle en todo momento el respeto correspondiente. Sólo así se puede lograr la auténtica división de poderes, base sobre la cual descansa la estructura jurídico-política de México. Digo lo anterior porque son constantes las intromisiones insolentes de Tartufo en la vida y resoluciones del Poder Judicial. Son innumerables sus ataques arteros, cargados de vituperios, en contra de jueces, magistrados y ministros, y del Poder Judicial en su conjunto.
Imaginemos, por un momento, qué sería de la vida nacional si los insultos y agresiones fueran en sentido contrario, esto es: si la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y los demás juzgadores bañaran de cieno al Ejecutivo federal. Si fuere así, los ciudadanos tendríamos la obligación de hacer una fuerte defensa del presidente, aunque se trate de un maléfico engreído y sedicioso, moralmente mutilado.
En la normalidad democrática “los jueces hablan a través de sus sentencias” (como lo ha dicho el ministro Zaldívar) pero si un pillo inepto y enloquecido se afana y ufana, desde Palacio Nacional, en tratar de someter a su gangrenada voluntad a los demás poderes, los juzgadores deben responderle de viva voz, con respeto pero con la fuerza y dignidad de un poder independiente que tiene a su cargo impartir justicia y hacer prevalecer el Estado de derecho. Pocos conocen y pueden ponderar el contenido y alcance de las sentencias; pero la difamación daña como reguero de pólvora.
Es imperiosa la necesidad de mejorar en todos aspectos la impartición de la justicia, debiendo salvarla de ser engullida por el depredador de las instituciones nacionales. El sátrapa no tolera una Corte sana, la necesita cortesana.
PD. Las corcholatas, por su propio bien, deben impedir el asilo en México del peruano Pedro Castillo. Tartufo, como “duende”, es capaz de lanzar en el último momento a su nuevo “hermano” (Pedrito) como candidato presidencial en el 2024.
Diego Fernández de Cevallos
