Frente al asesinato de varios compañeros periodistas, muy destacadamente el caso de Miroslava Breach Velducea, en Chihuahua, es preciso reconocer que buena parte de las corporaciones policíacas estatales y municipales, no solo de ese estado, sino de una buena parte en el país, operan infiltradas por el crimen organizado. Y a actividad política, en algunos casos, está sometida a los intereses de esos grupos y sus capos, más de lo que se pudiera pensar.
Las afirmaciones del gobernador de esa entidad norteña, Javier Corral Jurado, en el sentido de que su gobierno no tiene la fuerza suficiente para combatir al crimen y de que elementos policiacos de al menos cinco municipios se desempeñan como "halcones" de los narcotraficantes, desde luego provoca escalofrío porque, siendo éstos el contacto más cercano a la ciudadanía en caso de peligro, resulta que operan del bando contrario.
Imaginar que un representante de la ley "informa" a los delincuentes que el paso está libre para actuar en el caso de las drogas ya es grotesco, pero resulta atroz que se haga lo mismo para que los sicarios puedan asesinar personas, en particular a periodistas.
Eso, mientras aquellos uniformados que realmente están comprometidos con el servicio se encuentran con "pequeños detalles" que los colocan casi en calidad de cadáveres frente a la capacidad de movilización del crimen y el arsenal con el que cuentan sus sicarios, es propio ya de una guerra hecha y derecha: armas de calibre 50 y carros blindados con soportes para colocar artillería.
De ese tamaño es el problema que enfrenta no solo Chihuahua, sino también aquellas entidades donde los grupos criminales pasean su impunidad, exhiben sus armas, controlan vidas y haciendas durante los últimos años.
Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Colina, Sinaloa, Jalisco, Tlaxcala, Chihuahua, Coahuila y varios estados más, todos gobernados por actores políticos de distintas fuerzas partidistas. Entidades con una enfermedad creciente y, según parece, casi incurable, porque el tejido social también está infectado, no únicamente cuerpos edilicios de ayuntamientos y esferas de otros niveles de gobierno con sus respectivas corporaciones policiacas.
Toda una red de complicidades al servicio no solo del envenenamiento de niños y jóvenes –el caso de los adultos es aparte y merece otro tipo de tratamiento– sino del asesinato artero y cobarde, con el cruel añadido de que los criminales pasan incluso como benefactores de la sociedad.
Cuando en un país se "silencia" de esa manera como se hizo con Miroslava y muchos otros compañeros, por el hecho mismo de desempeñar su actividad periodística cotidiana, es necesario reconocer que algo no funciona, que se han tomado rutas equivocadas que nos está costando mucho y que es preciso corregir, sin autoengaños ni simulaciones.
