Es de terror el sistema de impartición de justicia en este país.
Han pasado casi cinco años de la agresión que sufrió la oaxaqueña Elena Ríos, en el que su cuerpo y rostro fueron rociados con ácido por orden de un exdiputado local priísta, encubierto y protegido por el entonces gobernador Alejandro Murat.
Unicamente su denuncia pública en distintos momentos del proceso, es la que ha evitado la absolución del agresor intelectual que se encuentra recluido en el penal, en espera de sentencia.
La revictimización hacia Malena por parte de jueces es una constante que ella misma comparte, al punto de evidenciar la complicidad en octubre de 2023 de la entonces jueza María Teresa Quevedo Sánchez con la defensa jurídica del agresor en medio de una fiesta, motivo por el cual fue removida del caso.
Tuvo que ser la propia Malena quien exhibiera las fotografías de lo anterior a través de sus redes sociales, y nuevamente ser ella quien buscara espacios para darle voz y difusión a cada uno de los actos de corrupción que ha logrado detectar.
En esa ocasión, lo hizo desde el Senado.
El embate desde medios de comunicación en Oaxaca para difundir una campaña de odio hacia la saxofonista toma relevancia.
Una coordinación poco vista en los contenidos y encabezados de las notas acusándola de todo, minimizando la agresión que sufrió y prácticamente limpiando la imagen del feminicida.
Se notó el “pago” del nado sincronizado, como le llamamos en el argot periodístico.
Pareciera como si desde adentro, desde el mismo sistema, hubiera existido una orden para que sucediera de esa manera, preparando la salida de Vera Carrizal.
Recientemente, el actuar desaseado del juez que puso en libertad a todos los implicados del ataque en una audiencia “virtual” que duró poco menos de veinte minutos (algo poco común por la gravedad y atención que merece el asunto), dejaron sorprendidos a todo el país.
Es inaudito el nivel de impunidad con el que actuó José Gabriel Ramírez Montaño, mismo que ahora es investigado por actos de corrupción, es decir, por haber recibido presuntamente, una cantidad millonaria para absolver al agresor.
Y es que no se trata de cualquier empresario, Juan Antonio Vera Carrizal, es propietario al menos de 10 gasolineras en el estado. Pasó de ser migrante ilegal en Estados Unidos, a convertirse en un próspero empresario en menos de 4 años.
Cuenta con una empresa de hidrocarburos, concesiones de transporte y también de medios de comunicación a través de radiodifusoras.
De acuerdo a informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), le detectaron ingresos en efectivo por mas de 325 millones de pesos, así como una “triangulación en operaciones financieras”, es decir, lavado de dinero.
Ese es el nivel del tráfico de influencias y corrupción al que se enfrenta Malena, en medio de la antesala a la aprobación de la reforma judicial que ha desatado innumerables posiciones respecto a la renovación de un sistema de justicia que no funciona, que no está del lado de las víctimas, donde la impunidad prevalece porque hay un entramado de complicidades e intereses que urge desentrañar.
