El mismo día en que Marco Rubio llegó a Barranquilla para celebrar una “nueva era” entre Colombia y Estados Unidos, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que levantaba la suspensión general de los permisos para portar armas. No es una simple coincidencia de agenda. Las dos escenas resumen bastante bien su idea de seguridad: más personas armadas dentro del país y una Colombia subordinada a Washington.
El Decreto 1368 no autoriza el porte libre de armas, pero sí facilita que quienes ya tienen un permiso puedan llevarlas en espacios públicos; más armas circulando en un país enfermo de violencia.
De la Espriella dice que durante años se desarmó al ciudadano que cumple la ley mientras los delincuentes continuaron armándose. Para justificar su decisión aseguró que, entre enero y comienzos de septiembre, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con delitos. También afirmó que el 99,9 por ciento de los crímenes cometidos con armas involucra armamento ilegal.
Pero esas cifras contradicen sus propios argumentos. Si miles de armas ilegales están siendo utilizadas para cometer delitos, el Estado debe encontrarlas, incautarlas y desarticular las redes que las venden y distribuyen. Permitir que más civiles salgan armados no les quita un solo fusil, una sola pistola ni una sola granada a los grupos criminales. Solo pone más armas en las calles.
Claro que una pistola con permiso y otra sin permiso tienen una situación jurídica distinta, pero esa diferencia legal sirve de poco durante una pelea de tránsito, una discusión entre vecinos o una agresión dentro de una casa. Cumplir unos requisitos no vuelve a nadie inmune a la intolerancia.
Colombia no puede darse el lujo de copiar la fantasía fracasada del “ciudadano estadounidense de bien” que se protege por su cuenta. Somos un país atravesado por décadas de conflicto armado, desplazamiento, narcotráfico, violencia política, feminicidios y disputas territoriales. En una sociedad así, facilitar el porte de armas solo revela su fracaso para proteger a la población y traslada esa responsabilidad a cada persona. Estará más “protegido” quien tenga dinero, entrenamiento y autorización para cargar una pistola. Los demás tendremos que confiar en la prudencia de todas esas personas armadas.
Mientras el Gobierno de “El Tigre” entrega a la gente una responsabilidad que le corresponde al Estado, fuera del país entrega buena parte de nuestra política de seguridad a Estados Unidos.
Nos dijeron que la visita de Marco Rubio estaba enmarcada en temas de cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pero fíjese usted: Rubio fue a Colombia a hablar de seguridad y regresó con acuerdos sobre energía nuclear civil y minerales críticos. Seguramente, los recursos colombianos debieron aparecer por casualidad.
Primero alimentan el incendio con su consumo de drogas, las armas que llegan desde el norte y una supuesta guerra contra el narcotráfico que lleva décadas fracasando. Después vienen a explicarnos cómo apagarlo y todavía tienen el descaro de presentarlo como una alianza entre iguales. Claro, Washington pone la inteligencia y los equipos; gobiernos como el de Abelardo entregan nuestro territorio, nuestros recursos y nuestra soberanía. Y el pueblo colombiano, como siempre, pone los muertos.
El presidente de Colombia recibió esa agenda con un entusiasmo ridículo y su acostumbrada lambonería con todo lo que venga de Estados Unidos. Aseguró que “no hay un latino en el mundo” que no se sienta representado por Marco Rubio, a quien nadie eligió y mucho menos nos representa. Bueno, tal vez a él sí como ciudadano estadounidense.
Abelardo ruge y se pinta de tigre dentro de Colombia, pero frente a Washington es un gatito obediente, y a eso le llama recuperar la seguridad. Colombia ya conoce esa fórmula y también sus nefastos resultados, contados en millones de víctimas. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas víctimas más?
