Ayer se conmemoró el Día Estatal de la Participación Ciudadana en Jalisco. Y no se trata de una efeméride o una anécdota: fue un buen motivo para reflexionar sobre la participación como el componente que vigoriza a la democracia, también para analizar las leyes y mecanismos que instrumentan la participación en México.
Basta asomarnos tan solo a seis legislaciones estatales sobre participación ciudadana en la República: Baja California, Chiapas, Colima, Michoacán, Aguascalientes y Ciudad de México. En estas se identifican patrones que no pueden atribuirse a la casualidad ni a la negligencia legislativa, sino a la falta de incentivos de los Poderes para hacer efectivos mecanismos de participación ciudadana que los controlen.
El primer patrón es el umbral logísticamente imposible para activar los mecanismos de participación, en algunos casos se requiere hasta 10% de apoyo ciudadano, es decir, 100 mil firmas sin instrumentos del Estado para facilitar ese recurso, como son los casos del IEPC Jalisco o del INE con las plataformas de apoyo ciudadano, que fungen como oasis en ese desierto de complejidad legislativa y ejecutiva.
El segundo patrón es la discrecionalidad con que se define la trascendencia o relevancia de las solicitudes de consultas populares u otros mecanismos. En la mayoría de las legislaciones no se definen criterios para establecer cuándo es relevante un tema que se debe someter a consulta y cuándo no. Se deja a discrecionalidad de las autoridades.
El tercer patrón es un umbral vinculatorio inalcanzable. Una vez que se desarrollan las consultas o ejercicios de democracia directa, para que la decisión sea vinculante el porcentaje resulta imposible de alcanzar, en algunos casos se requiere superar hasta 40% del listado nominal; hay elecciones constitucionales en municipios y entidades que no superan ese umbral.
Existen otros patrones, como el blindaje de temas transversales de participación ciudadana sin argumentación política o social y la falta de claridad los límites y alcances de la participación de los partidos políticos en la activación de los mecanismos de participación. Apenas en 2024 se dictó jurisprudencia para garantizar la participación en todas las etapas de las políticas públicas. No solo basta con tener listados mecanismos de participación en las leyes si no se garantiza su efectividad, se requiere una reforma que no se centre en ampliar el catálogo sino en hacer efectivo lo que existe incluyendo componentes deliberativos y de control.
