La reciente revelación de que el Gobierno de El Salvador ha reconocido ante investigadores de Naciones Unidas que la administración de Donald Trump mantiene el control sobre los ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos a la megacárcel salvadoreña CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), no solo contradice las declaraciones públicas de ambos gobiernos, sino que pone en evidencia una práctica profundamente violatoria del derecho internacional: el uso de cárceles extranjeras como depósitos extraterritoriales de migrantes que, según ellos, son indeseables.
La denuncia, contenida en documentos judiciales presentados por abogadas y abogados defensores de más de 100 migrantes, revela una maquinaria transnacional de castigo, donde los principios del asilo, el debido proceso y la protección internacional son completamente ignorados en nombre del control migratorio y la seguridad. Deportarlos a una prisión en un país que no es el suyo, sin juicio, sin causa penal y bajo condiciones que han sido denunciadas como inhumanas, configura una violación flagrante del non-refoulement, principio del derecho internacional que prohíbe devolver a una persona a un país donde corre peligro su vida, su libertad o donde podría sufrir tortura o tratos inhumanos.
Por su parte, Bukele juega un doble juego y, como siempre, uno muy poco transparente: mientras se promueve como un líder moderno y soberano ante el mundo, “el dictador más cool del mundo”, como él mismo se denomina, se arrodilla y permite que una potencia extranjera tenga injerencia directa sobre el manejo de las personas privadas de la libertad en su cárcel estrella; una cesión total de soberanía que convierte al CECOT en una herramienta regional de represión migratoria, además del centro de tortura que ya es hoy por hoy.
Pero la gravedad no termina ahí; este modelo podría extenderse, al igual que lo ha hecho peligrosamente el llamado “modelo bukelista”. Lo que vemos con personas venezolanas podría aplicarse mañana a haitianas, nicaragüenses, mexicanas, o cualquier población que el aparato migratorio, especialmente, el estadounidense, considere “prescindible” y “desechable”. La externalización del castigo crea un limbo legal y moral donde nadie se hace responsable; al respecto, se ignoran olímpicamente órdenes de suspensión y de liberación por parte de jueces y juezas de cortes federales. Ninguno de los gobiernos implicados responde.
Estamos ante un nuevo pacto autoritario: Trump “exporta” migrantes, Bukele los encierra, y ambos gobiernos niegan lo que documentos oficiales y organizaciones defensoras de derechos humanos ya confirman. ¿Quién gana? Los políticos que capitalizan el miedo y la xenofobia y que, posteriormente, nos venden falsas soluciones de aparente seguridad. ¿Quién pierde? Los cuerpos migrantes, racializados, empobrecidos, criminalizados, latinoamericanos.
Este no es solo un escándalo diplomático, sino una advertencia de lo que ocurre cuando los Estados —y peor aún, una parte mayoritaria de la sociedad— dejan de ver a las personas como sujetos de derechos y las transforman en mercancía geopolítica, tal y como lo han hecho Bukele y Trump. ¿Qué más debe pasar para que el mundo rechace al unísono y deje de aplaudir a gobiernos como el de El Salvador? Callar ante esto es legitimar una política, camino a convertirse en norma global: encerrar, desplazar y despojar a las y los más vulnerables, sin consecuencias. No podemos seguir mirando hacia otro lado.
