Aunque por estos días todo se trata de Venezuela y parece que los demócratas de la región sólo tienen ojos para Nicolás Maduro, hay otras latitudes de Nuestra América como Perú que también merecen la atención, no hoy, sino desde hace bastante tiempo, y en donde gobierna la presidenta más repudiada del continente con un paupérrimo 5% de aprobación de su gestión.
Ayer, fue presentada una nueva denuncia contra Dina Boluarte y otras autoridades ante la Corte Penal Internacional por 49 muertes registradas —aunque fueron más—, durante las manifestaciones en su contra, tan solo unos días después del inicio de su Gobierno. La primera acusación contra Boluarte ante el mismo organismo se presentó unas semanas antes, en junio de este año. Sí, a veinte meses de las primeras muertes de civiles perpetradas a manos de las fuerzas del Estado, todavía no hay justicia para las víctimas.
Justamente, en ese camino de impunidad que se mantiene en Perú, fue que el Congreso de ese país, cuya desaprobación supera el 90%, aprobó hace unas semanas dos controvertidas leyes, que el gobierno de Dina Boluarte posteriormente oficializó, pese al rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera, permite prescribir crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 y podrá beneficiar al expresidente Alberto Fujimori y a unos 600 militares procesados. Esta disposición contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional y constituye un retroceso en materia del respeto a los derechos humanos y el ya tan golpeado Estado de derecho en Perú.
El proyecto fue propuesto por el partido fujimorista Fuerza Popular, liderado por la hija del exmandatario, Keiko Fujimori, y por el ultraconservador Renovación Popular, bancada conformada en parte por ex jefes de las Fuerzas Armadas.
Recordemos las palabras de Alberto Fujimori a días de haber dejado la cárcel cuando aseguró que “el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Por lo menos Fuerza Popular y el fujimorismo así lo han acordado”. El Gobierno de Boluarte no puso reparos a la excarcelación de su nuevo aliado y ha anunciado que defenderá la liberación del exmandatario ante esa misma Corte Interamericana de Derechos Humanos que le pide un mínimo de responsabilidad, porque vergüenza no tiene.
La otra ley aprobada establece que, a partir de ahora, un grupo calificará como organización criminal cuando haya cometido delitos cuya penas sean superiores a seis años de cárcel, excluyendo delitos como el tráfico ilícito de migrantes y el tráfico de órganos, entre otros. La legislación también establece que los allanamientos a los inmuebles de los criminales sólo podrán realizarse en presencia del investigado y su abogado. ¡Imagínese usted!
Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra figuran entre las violaciones más graves del derecho internacional y no pueden ser objeto de amnistías ni prescripción.
Como siempre, ante cualquier crisis, Dina Boluarte se ha escondido un par de días o se ha hecho un meme viral en redes, y sus voceros han contestado que son un Gobierno autónomo y que no permitirán intromisión alguna de ningún organismo. Parece que no se ha enterado que es vox populi que sigue en el poder porque no es ella quien gobierna.
La falta de rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad seguirá lastimando al pueblo peruano, blanco de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, especialmente, mientras una mujer como Dina Boluarte y sus aliados sigan en el poder. Ojalá esos mismos defensores de la democracia que se multiplicaron por millones tras las elecciones en Venezuela pongan sus ojos en otras latitudes del continente que también merecen su atención.
