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Sábado , 23.03.2019 / 15:59 Hoy

Al Derecho

Desgobierno

Carlos A. Sepúlveda Valle

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Las instituciones políticas en Brasil están tan deterioradas que en dos procesos, Petrobras y Lava Jato, más de 300 políticos de 22 partidos están acusados de haber recibido dinero como comisiones o por haber cobrado un porcentaje en los contratos que asignaba la petrolera, dinero que en su mayor parte se destinó a campañas electorales mediante una red muy intrincada de operaciones financieras en las que se desviaron unos 3,500 millones de dólares.

Esas acusaciones son tan graves que alcanzan a los ex presidentes de la República José Sarney e Inacio Lula da Silva, a la presidenta Roussef, separada temporalmente de su cargo, y a Michel Temer, presidente en funciones, así como a centenares de diputados y senadores de veintidós partidos políticos.

A Lula se le persigue por la posesión de un departamento en la playa y una casa de campo que supuestamente le fueron regaladas por una empresa relacionada con Petrobras, está latente la presentación de cargos por financiación ilegal a pesar de que él sostiene que "nunca se enteró de nada".

El Poder Judicial y la Fiscalía brasileña están trabajando a marchas forzadas y de una manera que ha sorprendido a todos por su contundencia. El juez Sergio Moro en marzo ordenó el arresto de Lula, con objeto de evitar su detención la presidenta lo nombró ministro, sin embargo el Tribunal Federal suspendió esa designación y el ex presidente no pudo tomar posesión.

Hace un mes el Congreso brasileño decretó la separación temporal de la presidenta Dilma Roussef mientras concluye el juicio político que se le instruye por alterar las cuentas públicas, pero está pendiente una sentencia por la financiación ilegal de su campaña, supuesto en el que ella y el vicepresidente Temer, actualmente en funciones de presidente, quedarían separados definitivamente.

Michel Temer es enemigo jurado de Roussef y en apenas un mes como presidente tres de los ministros que él designó han renunciado por procesos de corrupción; él mismo ha sido acusado por un ex senador y ex presidente de una subsidiaria de Petrobras de haber participado directamente en sobornos y desvíos de dinero para la campaña de un candidato a la alcaldía de Sao Paulo en el 2012, de prosperar ésta u otras denuncias sería separado de la presidencia.

El caso del senador José Sarney quien desde la década de los cincuenta ha sido diputado, senador, gobernador, secretario de Estado y de 1985 a 1990 presidente de la República es más triste, a sus 86 años de edad está procesado por diversos delitos y debe llevar una tobillera electrónica para evitar su fuga.

El caso de los legisladores es más complicado, existen unas 300 acusaciones, empezando por el poderosísimo presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha que ya fue separado por una orden judicial como presidente, y además por una votación del Consejo de Ética (once votos contra nueve) quedará inhabilitado "por quiebra del decoro parlamentario" y será juzgado por corrupción en Petrobras, y junto con su esposa, por la posesión de cuentas millonarias en Suiza.

El presidente del Senado Renan Calheiros tiene abiertas nueve causas penales en el caso Petrobras y la Fiscalía ha solicitado su ingreso en prisión.

Siendo muy graves estas investigaciones penales, existe un riesgo mayor, Marcelo Odebrecht, el constructor más poderoso de ese país y quien se encuentra cubriendo una condena de más de 19 años de prisión, al parecer ha decidido (a cambio de una reducción de su sentencia) decir mucho de lo que sabe, si lo hace se provocará un cataclismo que afectará a toda la clase política.

Esta crisis institucional puede verse como la degradación de cientos de políticos, encabezados por ex presidentes de la República, líderes del Congreso, dirigentes de los partidos políticos y decenas de legisladores y empresarios, muchos de ellos ya en prisión o camino a la cárcel; o bien, puede verse como una muestra de que una parte de las instituciones de la democracia, la Fiscalía y el Poder Judicial, funcionan y tienen la capacidad de corregir ese desgobierno.

Lo que sucede en ese país nos demuestra que la creciente e incontrolada corrupción desestabiliza políticamente y empobrece a la nación; pero al mismo tiempo esos hechos han provocado el rechazo y una reacción popular que exige que se ponga fin a ese desgobierno. Como quiera que sea, es un hecho que en Brasil la corrupción se combate con acciones concretas no con discursos.

En México es inimaginable que cuatro ex presidentes de la República pudieran ser procesados y estuvieran en riesgo de ser encarcelados al mismo tiempo.

csepulveda108@gmail.com

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