Las ciudades fronterizas del país viven estas horas, estos días con miedo, mucho miedo. Las amenazas de Trump en contra de migrantes, cierres de la frontera, deportaciones, plantean un panorama plagado de incertidumbre.
Hoy, después de las primeras órdenes ejecutivas que firmará el presidente estadunidense, comenzaremos a tener más claro el tamaño de la crisis que podría venir. Una de las interrogantes que comenzarán a despejarse es en qué medida planea Trump utilizar a las fuerzas armadas estadunidenses en la frontera con México para impedir la llegada de migrantes sin documentos.
Esta ha sido una obsesión de Trump desde su primer mandato, pero no ha sido sencillo.
Según lo que ha trascendido en las últimas semanas, ahora Trump busca redoblar la militarización de la aplicación de la ley de inmigración invocando, como le permite la ley, o eso creen en su equipo, criterios de “emergencia”, comenzando con la Ley de Insurrección de 1807.
La Ley de Insurrección otorga al presidente amplios poderes para desplegar fuerzas armadas federales (incluida la Guardia Nacional federalizada) para sofocar los disturbios civiles o hacer cumplir la ley. Los criterios para el despliegue están escritos en términos vagos y arcaicos que proporcionan pocas limitaciones claras.
Para empeorar las cosas, la Corte Suprema sostuvo en 1827 que el presidente es el único juez que determina si se han cumplido los criterios para el despliegue. En otras palabras, los tribunales generalmente no pueden revisar la decisión de un presidente de invocar la ley. Asesores muy cercanos a Trump han dicho a la prensa que el presidente invocará tal ley.
Aunque, como señala un análisis en The Atlantic, “el equipo de Trump ha proporcionado pocos detalles sobre cómo planea utilizar las fuerzas federales una vez desplegadas. Es concebible que el propósito de Trump al invocar la Ley de Insurrección sea puramente simbólico: un acto para provocar ‘conmoción y pavor’”. Pero no hay que descartar la posibilidad que las ponga a realizar funciones básicas de aplicación de la ley como detener inmigrantes en cualquier estado del país y contra la voluntad de cualquier gobernador.
En las próximas horas y días esta será una de las interrogantes que comenzarán a tener respuesta y que marcarán el tamaño de crisis en nuestra frontera.
