He escuchado más de una vez decir a uno de los mejores y más decentes abogados penalistas mexicanos que si algún día por quién sabe qué razón la autoridad judicial viene por uno, hay que salir corriendo y huir.
Tiene razón. Es un poco trágico escuchar al Presidente hablar de que ahora Ricardo Anaya debería enfrentar la justicia y presentarse a proceso, o al líder de su partido decir algo similar, pero en su caso con el lenguaje con que el itamita se hace pasar por pueblo.
Hace muchos años, lustros, décadas, que eso no funciona en México. Es más, recuerdo que es el mismo Presidente el que hace apenas unas semanas denunció y criticó al Poder Judicial por tener tantos casos de procesados en las cárceles. Se cuidó el Presidente de no mencionar a las fiscalías, incluida la federal, que es igual de responsable del podrido sistema de impartición de justicia. Y se cuidó, por supuesto, de recordar que ha sido este gobierno y su partido quienes han impulsado el dramático aumento en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva que, a su vez, ha incrementado el número de personas no sentenciadas tras las rejas.
En el último reporte oficial, en las prisiones de México hay 220 mil 393 personas por ambos fueros, el federal y el común. De esas, 94 mil 159 no tienen sentencia y miles y miles tienen tres, cuatro, cinco, 10 o más años ahí esperando una decisión. Cuatro de cada 10 presos no son culpables, no según la Constitución. En el caso de delitos del fuero federal, 44 por ciento de los presos no tienen sentencia.
De los 288 centros penitenciarios en México, 132 tienen sobrepoblación, lo que genera condiciones inhumanas para cualquiera que ahí llegue.
La condición de las prisiones mexicanas combinada con la ineficacia —soy generoso— de nuestro sistema de impartición de justicia las convierte en lugares para el chantaje y el castigo sin justicia. Y esto lo sabe y utiliza una y otra vez la Fiscalía General que, además, ha adquirido un gran amor por los jueces en la prisión del Altiplano para que sus detenidos sean vecinos de los capos del narco.
El castigo es, sin más, las rejas. No el que marca la ley. Con eso se dan por bien servidos. Porque además saben que su capacidad para armar procesos de investigación y juicios bien sustentados es casi inexistente.
Anaya (como otros acusados) porque puede irse, se va. 94 mil mexicanos y mexicanas no pudieron.
@puigcarlos
