El viernes pasado un juez federal en Luisiana impidió que el gobierno de Joseph Biden levantara una orden de salud pública que los oficiales de inmigración han utilizado para expulsar rápidamente a los migrantes en la frontera suroeste, incluidos los solicitantes de asilo. El juez Robert R. Summerhays, designado por Trump, dictaminó que la administración Biden violó la ley administrativa cuando anunció en abril que planeaba detener el Título 42. El fallo desencadenará una batalla legal de meses. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó rápidamente una apelación el mismo viernes ante una Corte de Apelaciones.
Como lo escribió después de visitar la frontera mi compañera Liliana Padilla, la medida trumpiana “no solo no redujo los flujos, por el contrario, los incrementó y con ello las muertes, particularmente en el desierto de Arizona. Además benefició el negocio millonario del tráfico de personas a manos del crimen organizado”. Es la insistencia, gracias a los republicanos y la derecha xenófoba, en una política inútil y trágica que no soluciona nada.
Se siguen rompiendo récords en “encuentros” fronterizos —así le llama la autoridad estadunidense—; 8 mil 200 diarios, según las últimas cifras. Cada vez más grupos de migrantes transportados por traficantes de maneras inhumanas que no pocas veces acaban en muerte, llenando albergues en todas las fronteras y soportando los abusos de todas las autoridades contra los más vulnerables. Los que huyen de sus países.
Estados Unidos no tiene voluntad de arreglar el problema. México tampoco. Ayer se dio a conocer la investigación de un año “Bajo la Bota, la militarización de la migración en México” que dice, con base en datos e investigación de campo de un año, que gracias a la intervención de la Guardia Nacional en la ejecución de la política migratoria… la asunción del control migratorio por parte de las fuerzas armadas, incluyendo el incremento del despliegue de elementos castrenses en cruces fronterizos y la colocación de militares y ex militares en puestos clave del Instituto Nacional de Migración, es decir, la militarización de la migración, ha provocado que las fuerzas castrenses en labores migratorias no actúen como garantes de derechos, sino como agentes de contención y deportación o incluso como generadores de riesgos para las personas migrantes y sus familias.
Carlos Puig
@puigcarlos
