Zorayda Gallegos y Laura Sánchez Ley, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, publicaron ayer un amplio reportaje en su página y en la revista Proceso que documenta el fracaso del sistema de procuración de justicia en México.
En los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto “se exhibieron a 233 personas a quienes etiquetaron como las más buscadas del país: las anunciaron en sus informes de gobierno, en el Diario Oficial de la Federación o más tarde fueron catalogadas como “objetivos prioritarios” por su presunta jerarquía dentro de los cárteles. Sin embargo, esta investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que apenas lograron sentenciar a 13 de ellos y fue por delitos menores como posesión de armas o de drogas. La Procuraduría General de la República (PGR) —ahora transformada en Fiscalía— perdió batallas en los tribunales. Tan solo en dos casos obtuvieron penas irrevocables por delincuencia organizada, es decir, una por sexenio”.
Por eso es la urgencia de todos los gobiernos de apurar, siempre, las extradiciones de los capos más importantes. Saben que aquí no hay manera.
Esa muestra de impunidad se une a las que ya conocíamos en todos los demás delitos.
Policías mal capacitados, ministerios públicos abrumados o corruptos o simplemente ineficaces, jueces locales y federales atemorizados o comprados, más leyes complicadas que hacen difícil, si no imposible, armar casos de “delincuencia organizada”, por poner solo un ejemplo.
El fracaso es de escándalo. Hace un cuarto de siglo se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se publicó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, hace poco más de una década la reforma penal. Y nada. Y poco hemos aprendido.
El gobierno actual y sus mayorías legislativas han elegido, en lugar de invertir y reformar estructuralmente el aparato de justicia, engrosar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa… Para que después fracasen en los juzgados.
Al Presidente le encanta hablar de cómo ahora ya hay más delitos “graves” —es decir, encarcela y luego averiguas.
Esto es político, un éxito electoral.
Nada, absolutamente nada tiene que ver con la justicia.
@puigcarlos
