El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha fincado su gobierno y su futuro en una política pública: metamos a todos a la cárcel. Años de crecimiento de pandillas criminales y la inutilidad de la justicia de aquel país ha hecho que esa medida —que ha logrado que el porcentaje de la población encarcelada rompa récords mundiales— sea aplaudida por la población de aquel país. Los horrores de lo que sucede en las cárceles salvadoreñas, las violaciones a los derechos humanos, la cantidad de inocentes tras las rejas, están suficientemente documentadas por periodistas y organizaciones civiles. Quienes cuestionan esa política son acusados por Bukele de ser “defensores de los pandilleros”.
La incapacidad de los gobiernos para hacer su trabajo, lo que deben hacer, siempre tiene consecuencias.
La ruta mexicana es clara. En las décadas del priismo la justicia era solo un arma de la política, nunca se desarrolló capacidad de investigación, ni se equipó y capacitó a fiscalías ni policías, la corrupción inundó el sistema, se inventó el arraigo y otros métodos para obtener confesiones muchas veces falsas.
Como parte de aquellos años desde 2000 de frágil transición a la democracia, se trabajó y aprobó un nuevo sistema de justicia penal, uno que partía del respeto a los derechos humanos, la presunción de inocencia, creación de las casi inexistentes capacidades de investigación de policías y fiscalías. La nueva ley se aprobó en tiempos de crecimiento de la delincuencia. Todo salió mal. Los políticos se dieron cuenta que perdían un arma para hacer política y las instituciones no querían o no pudieron cambiar. La corrupción siguió.
Dónde estamos ahora: en el reino de la impunidad y… el castigo por el castigo mismo. La última encuesta de Impunidad Cero lo deja claro. En 2022, la mayoría de las personas entrevistadas consideró que nunca (14%) o casi nunca (48%) los responsables de un delito son llevados ante un juez. Pero aquí está la clave del “bukelelismo”:
En 2022, 8 de cada 10 de las personas entrevistadas estuvieron de acuerdo con que todos los delitos se deben sancionar con cárcel, mientras que 76% dijo estar algo o totalmente de acuerdo con que todas las personas acusadas de un delito deben de permanecer en prisión en lo que se averigua si lo cometieron.
Queda claro que la vocación punitivista del Presidente viene de lo electoral. Cualquier corcholata, de cualquier color, dirá lo mismo y las cosas se pondrán peor.
