M+.- La explicable y tumultuaria euforia por el Mundial de futbol, catapultada por el admirable desempeño de la Selección Mexicana y su consecuente pase a octavos de final, opacó la información sobre las emergencias nacionales en especial: la incesante inseguridad, el aumento de las desapariciones, el drama de las madres buscadoras y el prolongado suspenso en torno de la petición del gobierno estadunidense para la captura provisional de Los Diez de Sinaloa.
El repetido, creciente y jubiloso festejo ha dejado bajo la alfombra el atraco del gobierno a las inexistentes pensiones “doradas” de 50 mil exservidores públicos, la canallesca marranada contra jueces y magistrados obligados a salir del Poder Judicial sin que se les indemnice como mandata la Constitución reformada por el obradorato y el colosal soborno a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para sofocar su amenaza de impedir que “rodara el balón”.
De una aproximación a los daños causados por esa facción magisterial, en El asalto… de lunes y martes recientes para MILENIO Tv, platiqué con Marco Fernández, doctor y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Duke, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, especializado en la CNTE y en educación pública.
Antes que otra cosa enfatiza: el perjuicio mayor ha sido para un millón 400 mil niños de preescolar, primaria y secundaria, cautivos de la Coordinadora en Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Yucatán y Zacatecas, pero en lo económico los platos rotos los pagará la población que nutre al erario (y no sólo en declaraciones de impuestos al SAT, sino a través del IVA y el ISR).
El infame soborno gubernamental a la CNTE supera 800 millones de pesos, equivalentes a las pérdidas causadas a particulares con la vandalización y quema de vehículos, saqueos a comercios, bloqueo del aeropuerto de Oaxaca, retrasos y cancelación de vuelos, pérdidas en los sectores turístico y restaurantero, pero también descalabros presupuestales a los ayuntamientos y gobiernos estatales con la destrucción de mobiliario urbano y suspensiones de servicios públicos en la capital nacional, Tuxtla Gutiérrez, Acapulco y Chilpancingo. En lo comercial, el daño más visible fue en Ciudad de México, estimado justo en alrededor de 800 millones de pesos por la falta de ventas o afectaciones a huéspedes que no llegaron en tres semanas, y los destrozos, por ejemplo, en el Congreso de Chilpancingo, donde los activistas de la Ceteg quemaron 12 vehículos de trabajadores, o en las plazas comerciales y el bloqueo del aeropuerto de Oaxaca, sin contar daños en las capitales de Zacatecas, Chiapas y Yucatán.
Para nadie, claro, hubo siquiera un “usted disculpe”, y ni la Coordinadora ni el gobierno asumen sus responsabilidades.
En este recuento de daños consignaré también los pestilentes acuerdos del gobierno tanto con la CNTE como con el Sindicato Nacional.
