La nueva Ley de Amparo no es precisamente retroactiva, porque no lo permite la Constitución (excepto si beneficia a quien recurre a la protección de la justicia federal, nunca en su perjuicio), pero es una de las mayores perversidades pergeñadas por el segundo piso del obradorato.
Hace diez días aquí aventuré que el transitorio colado por el senador Huerta Ladrón de Guevara era un señuelo para no reparar en lo sustantivo: que se ampara a las autoridades y se desampara a quienes buscan la protección de la justicia federal contra los abusos gubernamentales.
Decía la fregadera:
“…Los asuntos que se encuentren en trámite (…) continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto”.
Devuelta al Senado, el oficialismo impuso más transitorios y el tercero reza:
“…las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos (…). Las posteriores (…) por las disposiciones de este decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”.
O sea: la misma gata, pero revolcada.
Para entenderlo mejor conviene saber que el juicio de amparo se desahoga en varias etapas y en dos expedientes:
- Suspensión provisional.
- Incidente de suspensión provisional (y en su caso definitiva).
- Amparo de fondo con audiencia constitucional, valoración de pruebas y sentencia.
El “nuevo” marrano transitorio fue impulsado por el inexplicable senador Hugo Eric Flores, de Morena, antes fundador y dirigente de los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario afines a la derecha cristiana, promotor de la también inexplicable gubernatura en Morelos de Cuauhtémoc Blanco.
La embestida contra el amparo está inspirada en los rencores y complejos de López Obrador, cuyo gurú en temas legales es el abogado Arturo Zaldívar, ex ministro presidente de la Suprema Corte y autor intelectual de la destructiva reforma al Poder Judicial y la Ley de Amparo aprobada, quien ayer defendió el desenlace sobre la paranoide consideración de que hay “una campaña de desinformación” contra la reforma.
Pero dijo algo cierto:
“Esto no es retroactivo en lo más mínimo, no hay retroactividad (…). Cuando se dice que hay retroactividad se está mintiendo a la gente, no se puede venir diciendo que es retroactivo, algo que no lo es”, comentó en la mañanera.
No es en rigor retroactiva, pero impone cambio de reglas en alguna de las etapas del juicio.
Con similar o mayor experienciay sapiencia que él, la morenista Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro y secretaria de Gobernación con AMLO, se abstuvo de votar como sus camaradas con este razonamiento:
“La definición que ahora se propone de interés legítimo, individual o colectivo condicionado a demostrar un beneficio cierto derivado de la anulación del acto, restringe el acceso a la justicia constitucional”.
Como diría su ex jefe: “Tengan para que aprendan…”.
