Contra lo que informó diez días antes el fiscal general de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que apenas en marzo comenzaron las investigaciones del “huachicol fiscal”.
Refiriéndose a un encuentro de hace dos años con el secretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Gertz Manero declaró el 7 de septiembre:
“Él nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México podrían estar vinculadas con esos delitos…”.
Nada por lo visto se investigó en más de un año.
¿Cómo encajan las excluyentes afirmaciones en un descomunal fenómeno delincuencial que se conocía desde el sexenio anterior?
El ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca asegura que en 2019 entregó un informe a López Obrador sobre la magnitud del fraude con operaciones masivas del contrabando de combustibles disfrazadas de importaciones legales y nunca hubo un desmentido oficial.
Se infiere que Sheinbaum tomó como referente las incautaciones en marzo de ocho y diez millones de diésel ilegal en Baja California y Tamaulipas, pero, si se estima que suman 31 las descargas clandestinas de combustible en los puertos confiados a la Marina, se está frente a operaciones añejas y a gran escala que no podían pasar desapercibidas.
Los hechos y los dichos de los propios funcionarios de la 4T cuentan otra historia: que la mafia del huachicol fiscal estaba en el radar oficial desde que, con documentos hackeados al Ejército, Guacamaya Leaks dio a conocer que inteligencia militar advirtió sobre estas redes criminales y la complicidad de mandos de distintas dependencias, y se mencionaban directamente “irregularidades” en la Secretaría de Marina con el involucramiento de empresarios y ramificaciones dentro y fuera de México.
Sorprende que la Presidenta y el fiscal general se contradigan en la fecha de inicio de las investigaciones, porque no debieran dejar dudas ante un delito de tal magnitud.
No se trata de un detalle menor. Los aseguramientos y las propias denuncias confirman el saqueo al fisco por miles de millones de pesos, con complicidades en aduanas, puertos, empresas distribuidoras, estaciones de servicio y asociación con la banda Jalisco Nueva Generación para traficar drogas y armas prohibidas.
En un país con instituciones sólidas, estas contradicciones bastarían para exigir explicaciones puntuales, pero en el México de hoy suele imponerse el discurso presidencial a la realidad y lo que fue reconocido por el fiscal Gertz ahora se nos presenta como una investigación recién iniciada.
Pero los hechos hablan más fuerte que las palabras: por lo que dice García Cabeza de Vaca, lo revelado por Guacamaya Leaks y las advertencias de Ojeda a Gertz, los añejos hallazgos y los decomisos millonarios de combustible confirman que el “huachicol fiscal” es un fenómeno conocido desde la gestión de López Obrador.
Lo que apenas comienza a verse, eso sí, es la voluntad política de limpiar el lodazal “hasta donde tope…”.
